Sebastian Godínez Rivera

La reforma judicial del oficialismo se ha vuelto tendencia desde hace 2 semanas y ha sacudido al peso mexicano debido a la desconfianza que genera a los inversionistas. López Obrador tiene una creencia errónea de que todo debe ser democrático, por ende, la elección de diversos cargos debe ser mediante voto popular.

Su visión no sólo demuestra una perversión del concepto de democracia y democrático, cómo se concibe desde la Ciencia Política, sino que además sus intenciones están marcadas por la meta de dinamitar los contrapesos. La segunda mitad de su sexenio estuvo  marcada por varios reveses que la Corte propició al oficialismo, debido a la transgresión del marco jurídico o ser violatoria de la Constitución.

El debate teórico sobre los jueces y su procesos de selección se ha dado desde hace siglos, autores como Montesquieu, Hamilton, Bentham entre otros; estos han coincidido en que su legitimidad emana de la Carta Magna, en consecuencia, no necesitan una legitimidad popular como los poderes Ejecutivo y Legislativo. La popularidad de las y los juzgadores no tiene que ser un factor que legitime sus decisiones, al contrario, este debe estar marcado por la importación de justicia.

La idea de López Obrador no es propia, tampoco innovadora y mucho menos está estudiada desde las Ciencias Sociales, comparada con una metodología y está lejos de ser analizada con antiojeras científicas. El único país del mundo que elige mediante voto a magistrados, jueces constitucionales y de circuito, es Bolivia; la nación andina adoptó este sistema cuando Evo Morales reformó la Constitución, y según él, el Poder Judicial atravesaba una crisis.

Los argumentos para reformar este poder eran los mismos que da López Obrador: 1) los jueces son corruptos y no responden a la mayoría; 2) el Poder Judicial debe ser democrático; 3) está capturado por minorías; o 4) son tiempos de transformación. Es paradójico cómo a pesar de la distancia de los gobiernos entre estos mandatarios, la argumentación populista se intersecta, pero más allá de eso, me remitiré a los datos para comprobar que ese modelo ha fallado.

De acuerdo a organizaciones civiles bolivianas como Fundar y la propia Relatoría de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos han señalado que el Poder Judicial electo por voto popular ha generado mayores problemas que beneficios. En primer lugar, las y los jueces deben hacer campaña, sin embargo, estos solo pueden presentar su currículum en programas de televisión sin realizar propuestas, tampoco pueden utilizar dinero de partidos, aunado a la prohibición de criticar a sus adversarios.

La reglamentación de las elecciones judiciales es hermética, esto se traduce, en una campaña gris. No obstante, la esencia de estos comicios reside en que antes la Cámara de Diputados revisa los perfiles y trayectorias de los participantes. Cabe destacar que en un país donde un solo partido tiene la mayoría desde hace casi 20 años, la selección de competidores se hace mediante los nexos o simpatías que hay con el partido Movimiento Al Socialismo (MAS), partido gobernante.

Ahora bien, en los informes de la Relatoría y la organización Fundar, se ha encontrado que de los jueces elegidos, el 90% tiene nexos con el MAS o con personajes del gobierno. Esto se traduce en una parcialidad al momento de la toma de decisiones, la cual deja en segundo término a la ley y el marco jurídico. Existen casos de algunos juzgadores que mantienen su independencia, no obstante, estos son atacados y descalificados por el gobierno.

En un tercer punto, se cree que a mayor democracia la gente optará por participar, esto no es cierto, de las dos elecciones judiciales que se han celebrado en el país, la participación no ha superado el 40% y 45%. La gente no acude a las urnas y mucho menos considera que el peso de su sufragio mejore el sistema de justicia o su impartición. Este es el dato más revelador, puesto que si se compara la participación con comicios generales el volumen de participación llega al 60%.

Por último, la falta de independencia del Poder Judicial se ha traducido, por obvias razones, en la transgresión del poder, la inexistencia de la división de poderes y esto ha detonado una nueva crisis constitucional en Bolivia. El país no ha celebrado los comicios judiciales desde 2023 que estaban previstos, esto porque un juez anuló la convocatoria al analizar que los criterios para la competencia no eran claros. Esto devino en que desde hace ya 6 meses los jueces culminaron su periodo y a la falta de sus relevos estos siguen en el cargo.

El partido gobernante insiste en que los comicios se lleven a cabo, mientras que voces de la oposición piden que se haga la reforma para dejar atrás este modelo. Esta es la máxima expresión de la crisis constitucional que ha surgido y que parece no tener fin, aunado a una sentencia emitida el 24 de diciembre de 2024, en la cual se prohibió que el expresidente Evo Morales pudiera presentarse a otro mandato, lo cual generó la molestia del caudillo y comenzó una campaña de que los jueces son corruptos.

Un caso paradójico, puesto que supuestamente se implementó este modelo ya que los jueces designados por el Senado eran corruptos; luego de un revés con una sentencia el discurso resurge ¿No que la gente en democracia no se equivoca?. Desde México debemos tener presente estos escenarios que demuestra la falta de equilibrios y la deformación de un poder, en aras de controlarlo.

La iniciativa de López Obrador propone reducir el periodo de los ministros de 15 a 12 años; su elección mediante voto popular porque se necesita “democratizar” el Poder Judicial; desaparecer las dos salas; crear un Tribunal de Disciplina Judicial que sustituya al Consejo de la Judicatura Federal y no sea encabezado por la presidenta de la Corte; reducir de 11 a 9 el número de ministros. Y de aprobarse que en 2025 se llamen a elecciones extraordinarias

El panorama es sombrío para la democracia mexicana y el Poder Judicial; se ha dicho que se convocará a la discusión de varios sectores, sin embargo, aquí sólo tendrá peso una voz y es la de López. La búsqueda por consolidar su venganza contra los jueces por hacer valer la división de poderes y hacer valer la ley.