Sebastián Godínez Rivera

Hungría parece ser un país tan lejano, pero es muy importante para el estudio de lo que se ha denominado democracia iliberal, término acuñado por el Primer Ministro, Viktor Orbán. Es decir, una democracia con tintes autoritarios, pero que aún cuenta con algunos elementos como las elecciones, libertad de expresión, la resistencia de algunas instituciones y la libertad política. Como en otros casos, un líder populista prometió una mejora de todo el sistema político y esto implicaba modificar la estructura del Poder Judicial.

Desde 2010, el partido de Viktor Orbán, Fidez, ha ostentado la mayoría parlamentaria; fue en 2018 cuando se anunció una reforma judicial para eficientar su trabajo. Cabe destacar que el sistema de selección de jueces y juezas parte de la experiencia, exámenes y otros jueces nombraban a sus pares, a través del Consejo Nacional del Poder Judicial, surgido tras la reforma de 1997.

Cabe destacar que durante la era socialista 1945-1989, los jueces eran parte de la estructura estatal y se designaban a través del Ministerio de Justicia. En 2012, hubo otra reforma: se creó la Autoridad Nacional Judicial, un órgano presidido por una persona designada por el parlamento y por el ministro de justicia. En su momento la Comisión de Venecia criticó esta decisión, ya que el poder de esta autoridad superaba al del Consejo Nacional.

Las críticas versaron porque un integrante del gabinete tendría poder para asignar presupuesto, emitir convocatorias, nombrar y remover juzgadores, así como despedir a empleados de otros rubros. Un órgano con estas facultades no garantiza la autonomía de las decisiones como lo establecieron los pensadores del Poder Judicial, Madison, Montesquieu o Bentham; al contrario reafirmaba el control sobre las decisiones judiciales y lastimaba la división de poderes.

A Orbán le pareció una buena idea este modelo, ya que durante su primer mandato (1998-2002) algunas decisiones judiciales como suspensiones a obras de construcción y las sentencias que garantizaban la división de poderes mermaron su primera administración. Cuando volvió al poder en 2010, una de sus primeras acciones fue reformar el Poder Judicial el cual le había sido adverso en un primer momento. Con un discurso bélico contra los y las togadas comenzó a socavar la institucionalidad.

No obstante, sin una oposición fuerte y con el clamor popular en su máxima expresión realizó esta reforma. Fue hasta 2018 cuando concretó sus planes para endurecer las medidas contra los juzgadores. Se crearon los Tribunales Administrativos, los cuales se encargaban de revisar únicamente los asuntos relacionados con el gobierno y las elecciones. Sus integrantes eran designados por el Ministerio de Justicia directamente y además supervisaba, autorizaba y restringía el presupuesto de los tribunales.

A la luz de estas facultades, los simpatizantes de Orbán, sus voceros y correligionarios sostienen que esto no merma la independencia judicial, porque se les hacen exámenes a los jueces. El control presupuestario y la interferencia de una cartera del gobierno, ha detonado críticas por obvias razones; puesto que estas técnicas no solo merman en funcionamiento del Poder Judicial, sino que borran la imparcialidad de las decisiones por temor al gobierno.

Ante las críticas, Hungría solicitó en 2019 de nuevo una opinión a la Comisión de Venecia porque el propio gobierno no consideró que su reforma afectaba a los jueces. Tras el veredicto final dicho órgano dictaminó que la independencia judicial estaba comprometida y no se garantizaba un derecho a la justicia. Además, el Parlamento Europeo sancionó al país y le negó los apoyos económicos necesarios a cambio de realizar los cambios al modelo judicial, esto en 2022.

Aunque el gobierno húngaro insistió en que la selección de jueces es por criterios profesionales y exámenes el Tribunal de Justicia Europeo invitó a los cambios nuevamente. También se cuestionó que los tribunales administrativos y el Supremo Tribunal Administrativo fueran órganos de control que establecían la preeminencia de las leyes nacionales e ignoraban la legislación de la UE. Ante estas presiones, Hungría optó por corregir la reforma judicial.

El gobierno deberá garantizar las medidas de independencia de tribunales y jueces en todos los niveles, no podrán controlar el presupuesto y tampoco designar o despedir a los y las juzgadoras de forma aleatoria. Asimismo, se deberán eliminar obstáculos para que los tribunales húngaros remitan preguntas al Tribunal de Justicia de la UE y reformar el sistema de revisión de las sentencias del Tribunal Constitucional. A cambió el órgano supranacional liberó 10,200 millones de euros al país.

No obstante, existe una acotación, en caso de que se hagan reformas regresivas o que no se cumpla con lo acordado ante la UE, esta podrá cerrar la fuente de financiamiento a Hungría. Quizá esto no fue una buena noticia para Orbán, sin embargo, sí lo fue para una gran parte de la población que temía por el autoritarismo del régimen. Esto se aprobó en diciembre de 2023, habrá que dar seguimiento al desarrollo y evaluar si Hungría cumple con lo prometido, así como la reestructuración de un sistema judicial que brinde certeza y funja como contrapeso.

En conclusión, existen varias formas de mermar el funcionamiento del Poder Judicial. y Hungría lo ha demostrado. Con una institución similar a la Sala de Disciplina Judicial de Polonia, el objetivo no era mejorar el sistema, sino controlar la justicia. Esto demuestra que para muchos líderes autocráticos, este poder es de los más incómodos, puesto que su principal función es garantizar el cumplimiento de la ley y la Constitución.

En algunos casos la destrucción del Poder Judicial se disfraza con tintes democráticos como en Bolivia y su modelo de elecciones judiciales para mantener el control; en otros como Polonia es “el vestigio del socialismo” quien influye en la reforma; por otra parte, el resentimiento contra jueces se gesta en reformas como la húngara. Finalmente, algunos países debaten nuevos modelos, pero lo visten con ropaje de la exigencia de la mayoría y lo llaman El Poder Judicial que tenemos y el que queremos.