Justicia, una palabra tan sonada y gastada a la vez, que después de 22 años de traerla conmigo como un pase a la aspiración de dejar un mundo mejor al que yo estoy viviendo, sacrificando mi propia familia, se revierte contra mí, exigiéndome hablar desde el corazón como juzgadora, quien por el solo hecho de serlo ya carga con el estigma de corrupta e ineficiente.

A veces el león no es como lo pintan y, detrás de una serie de mentiras, mala información e intereses políticos, los ciudadanos y los servidores públicos nos perdemos en un laberinto sin salida, en donde los más perjudicados no solamente es el pueblo de a pie, sino, en este caso, las mujeres que, como a mí, el sistema nos vendió cual Disney un cuento de hadas, a cambio de cumplir el sueño de “Justicia”, que paradójicamente hoy carecemos de ella quienes nos encargamos de impartirla.

Nuestra voz no ha sido escuchada, sino más bien distorsionada en un populismo que ha sabido aprovechar las inconformidades del pueblo, sus carencias y su sentir, para desinformarlos haciendo creer que la “Justicia será y estará en manos de los ciudadanos”.

Pero, ¿qué hay detrás de la investidura de un juez? Asegura nuestro actual presidente que no se necesita experiencia ni conocimiento para ser juzgador o juzgadora a nivel local, es decir, jueces de primera instancia civiles, penales, laborales, mercantiles o magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia, o bien los jueces que llevan las mismas materias pero en competencia federal, así como aquellos Jueces de Distrito que se encargan de tramitar los juicios de amparo en los que hasta el día de hoy con independencia judicial y objetividad, sin importar de qué partido sea el quejoso, de dónde salió un presidente municipal, un gobernador o un presidente de la República, analizan si las autoridades actuaron en un marco de legalidad, es decir, conforme a una ley previamente aprobada, si se trata de actos jurisdiccionales ante jueces o tribunales previamente establecidos o procedimientos que todo mundo conoce, lo que hasta hoy da certeza de que las autoridades en el ámbito de su competencia deben de actuar de cierta manera y que no lo hacen a capricho o a modo.

Sin embargo, bajo el argumento de que todos somos corruptos, sin particularizar o tener pruebas en concreto que sostengan sus falacias, trata de destacar que soltamos delincuentes. No señor, el Poder Judicial de la Federación simplemente protege los derechos de personas a las que se les ha vulnerado su debido proceso por parte de policías y fiscalías que, dicho sea de paso, forman parte de la procuración de justicia que depende de la Fiscalía General  de la República  y no del Poder Judicial  fe la Federación y en su caso de los Estados, dependencias que se encuentran muy limitadas hablando de recursos materiales y en cuanto a capacitación. Pues total, ya lo ha dicho de viva voz el Presidente; para él es muy fácil cuestionar por qué los jueces federales no subsanan los errores de las fiscalías (por favor, señor, no podríamos ser juez y parte). Por si no lo recuerda nuestro mandatario, a través del juicio de amparo -litigio entre gobernados y autoridades- los Jueces de Distrito y los Magistrados de Circuito determinamos si las autoridades han violentado algún derecho humano o fundamental protegido por nuestra Constitución o en algún tratado internacional.

Es decir, opinando sin conocer del tema, pues parece que no supiera que la justicia en México se conforma de procuración y de impartición; la primera, como dije, corresponde al Ejecutivo Federal y a los de los Estados, y la impartición a los Poderes Judiciales Federales y locales. Además, existen tribunales administrativos y laborales, destacando que los juicios laborales hasta 2020 se llevaban ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, donde los juicios promovidos por trabajadores tardaban años en resolverse. Sin embargo, con la reforma a la Ley Federal del Trabajo, ahora son tramitados ante jueces que lo hacen, por mucho, en siete meses. En fin, las mentiras son fáciles de decir pero muy difíciles de sostener.

El gobierno mexicano está a punto de acrecentar su deuda histórica con las mujeres; a partir de la entrada del partido en el poder, se habló de la paridad de género en todas las esferas públicas, es decir, la participación de la mujer como legisladora en las cámaras de diputados y senadores. Sin embargo, tratándose del Poder Judicial de la Federación, dicha narrativa solamente fue un estandarte de campaña electorera, puesto que si bien a partir del 2019 se empezaron a gestionar concursos exclusivos para mujeres, siendo histórico que en ese año se diera el primero de ellos y en el 2021 se realizaran dos más, que si bien no fueron exclusivos para mujeres, las reglas de éstos implicaban que dentro de los vencedores el número de mujeres fuera mayor. Finalmente, en el 2022, el entonces Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, previo a la terminación de su mandato, gestionó un último examen exclusivo para mujeres.

Las acciones descritas anteriormente nos hicieron formar la ilusión de que, como mujeres, podíamos obtener con nuestro trabajo, mucho estudio y un sobreesfuerzo, haciendo doble y triple jornada, un lugar en este mundo patriarcal, es decir, en este mundo formado por y para hombres; aspirando a romper techos de cristal y hacer un poco de lado nuestros suelos pegajosos, es decir, poner en pausa nuestro lado femenino, de mujer, la maternidad, lo que nos llevó a idealizar que dentro del Poder Judicial de la Federación encontraríamos un “lugar seguro” y libre de tanta violencia que a través de la historia hemos sufrido.

Cabe recordar que apenas en los años 50 se nos permitió el voto a las mujeres, por lo que esta oferta era por demás atractiva y al momento de decidir entre formar una familia, conservar la ya tenida y nuestra carrera judicial, optamos por esta última “por ser la opción más segura”. Y si bien esto fue en los últimos años, es preciso recordar que tanto hombres como mujeres iniciamos la carrera judicial pasando por ser oficiales, actuarios y secretarios con la visión de un día, a través de estudios, de preparación y trabajo, llegar a ser jueces y magistrados. Lo que implica a la par dejar de construir vínculos familiares, de amistad e incluso de pareja para dedicarnos a construir ese mundo mejor.

Pero, oh decepción, pues la paridad prevista por el gobierno en turno no es para el Poder Judicial de la Federación. Desde que tomó la presidencia una gran jurista de carrera judicial como lo es Norma Piña, quien por demás está decir que no es una mujer sumisa ni manejable, como las que acostumbra conducir “el macho mexicano”, los embates al Poder Judicial de la Federación subieron de tono hasta llegar a la propuesta de la reforma judicial que pretende destituir a más de 1,450 juzgadores, entre los que estamos esas mujeres por demás violentadas a quienes nos vendieron un sueño y que hoy nos dejan con las manos vacías pues apostamos por ese lugar seguro que nunca existió y dejamos de construir una familia por servir a nuestra patria.

Ahora, con esas manos vacías y estigmatizadas como corruptas, flojas e insensibles, se pretende echarnos a la calle a iniciar de cero, pero sin una seguridad jurídica, puesto que quien habrá de ocupar nuestros lugares serán jueces a modo, elegidos por el partido en turno, desde el ejecutivo, el secuestrado legislativo y el hoy robado judicial. Por eso ahora te pregunto: ¿Esos futuros jueces obedecerán a la justicia o al patrón que les está regalando su puesto?

No escribo lo anterior para proteger mi designación como jueza, que obtuve de cursar la carrera judicial por 22 años y fruto de un examen en el que nos inscribimos más de 1000 mujeres a nivel nacional. Por cierto, de las más capacitadas del Poder Judicial de la Federación, entre las que fuimos aceptadas cerca de 754 para participar en el mismo, pasando la primera etapa sólo 186 aproximadamente para culminar 86 mujeres como juzgadoras federales, de las cuales más de 20 tuvimos que esperar 1 año para ser adscritas debido al bajo presupuesto que se designa a la impartición de justicia por parte del Congreso de la Unión. No se han seguido creando juzgados, lo que no es en perjuicio de los operadores jurídicos, sino del justiciable, ya que por cada 100 mil habitantes existimos 1.6 juzgadores.

La preocupación principal de esta juzgadora y de casi todo el gremio es que se sigan vulnerando los derechos humanos del pueblo mexicano, que ya no se nos permitiría, a través de la figura de la suspensión, ordenar que se preste servicio médico a familias que no se encuentren afiliadas a alguna institución de seguridad social. Tampoco se nos permitiría ordenar que autoridades educativas realicen las gestiones necesarias para dotar a niños con discapacidad intelectual de la atención necesaria para ponerlos en un suelo parejo con el resto del alumnado y puedan pensar en un futuro. Asimismo, no podríamos ordenar que se repongan procedimientos para que mujeres como tú y como yo no sean re-victimizadas; tal fue el caso de Mariana Lima, quien al ser asesinada a manos de su esposo, un policía ministerial a quien el órgano de procuración de justicia trató de encubrir, y que gracias a una sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ordenó investigar dicho asunto con perspectiva de género y se obtuvo la condena del feminicida.

También estaremos impedidos para suspender la introducción de gasoductos en zonas pobladas.

Nada nos permitirán hacer por aquellos pueblos indígenas que luchan por conservar sus usos y costumbres, con los cuales en la mayoría protegen sus reservas naturales. Por lo que insisto, las mujeres juzgadoras no tenemos miedo de quedarnos con las manos vacías, lo que nos preocupa es que si nosotras, con todo el conocimiento y carrera judicial ya comentados, no podemos defendernos.

Qué le espera al pueblo mexicano con un gobierno que abiertamente, a través de la ministra Lenia Batres, ha despreciado la propiedad privada, entendiéndose ésta como la casa que con tanto esfuerzo ha construido el lector, las tierras que por generaciones le han pertenecido a los campesinos, el local del comerciante que lo provee de sustento, el coche del taxista que utiliza para trabajar, sin contar el capital de la empresa que genera cientos y miles de trabajos.

Al aprobarse la reforma al Poder Judicial, como dicen sin mover una coma, las juzgadoras mexicanas nos quedamos con las manos vacías, y el pueblo desprotegido, envuelto en otros datos que se sustentan en falacias.