Sebastián Godínez Rivera

El domingo son las elecciones presidenciales de Venezuela, mucho se ha escrito acerca de las candidaturas, las boletas, las irregularidades y diversos escenarios. Sin embargo, casi nadie ha abordado el tema del árbitro, el Consejo Electoral Nacional (CNE). El cual ha sido señalado de parcialidad por estar integrado por personajes cercanos al chavismo.

En el debate politológico se ha establecido que para que unas elecciones sean limpias y gocen de legitimidad, es necesario que la autoridad electoral sea autónoma e imparcial con los candidatos. Sin embargo, en el caso venezolano el CNE se integra por 5 rectores y desde 2016 ha estado inmerso en polémicas por la renuncia de varios de sus integrantes desde 2017 hasta 2023.

Un órgano inestable provoca que haya incertidumbre en los procesos para la preparación de la elección; no obstante, a esto se ha sumado una mala gestión del cronograma para la organización de procesos y cierta parcialidad en la toma de decisiones. En 2016 se canceló el proceso de revocación del mandato de Nicolás Maduro.

Cuando el proceso se encontraba en la fase final de recolección de firma del 20% este fue suspendido por el CNE, luego de que tribunales controlados por el oficialismo anularon la primera parte del proceso, recolectando el 1% de firmas. La oposición criticó la decisión y acusó de parcialidad al CNE, pero no sucedió nada. Al año siguiente se realizaron comicios regionales en los cuales se impuso el oficialismo; empero, la Mesa de Unidad Democrática acusó que la autoridad fue omisa en varias irregularidades.

La oposición denunció que el CNE no permitió la sustitución de candidatos; la reubicación de electores a última hora, lo que dificulta el voto en centros de mayoría opositora; compra de votos, coacción y amenazas, así como otras irregularidades en los mismos centros de votación contra los opositores. En ese entonces la presidente del árbitro declaró que fue un proceso impecable y que el triunfo del socialismo en 17 de 23 provincias no era cuestionable.

Para 2018 que hubo elecciones el autoritarismo se había afianzado; de acuerdo con informes del Observatorio Electoral de Venezuela (OEV) el CNE cambió la fecha de las elecciones para diciembre. Esto implicó la exclusión de varios candidatos de la oposición, en consecuencia, limitó el pluralismo; aumentaron el número de diputados en estados como Barinas, Falcón y Monagas para sobrerrepresentar al oficialismo. También se inhabilitó a varios candidatos como María Corina Machado y Miguel Rodríguez Torres.

La parcialidad de los rectores ligados al oficialismo ha generado que la oposición opte por técnicas como no participar, desconocer los resultados o acusar de fraude. El problema medular es que el chavismo ha construido un autoritarismo poco competitivo, es decir, celebran elecciones periódicas y con una autoridad que no establece condiciones igualitarias; además, de que candidatos son excluidos por criterios políticos, por ende, la democracia no se respeta.

Para 2019 se celebraron comicios legislativos en los cuales se impuso el madurismo con un 31% de los votos, debido a que la oposición se negó a participar al señalar que no había condiciones. Esto generó que la comunidad internacional criticara la legitimidad de los comicios, así como una parte de la población. Lamentablemente, el oficialismo celebró el triunfo y arreció sus embates contra la oposición social y política con la meta de concentrar el poder y así someter las críticas al gobierno.

Por otra parte, el CNE sólo legitimó los resultados, pero no intentó hacer un diagnóstico sobre la situación del país y el alto nivel de abstencionismo. Los comicios estuvieron marcados por el cambio de centros de votación, la eliminación del voto directo para comunidades indígenas y el aumento de diputaciones en la Asamblea Nacional. La modificación de las reglas sólo genera incertidumbre para los diversos competidores, mientras que el oficialismo sigue coronando diversas posiciones que no gana en condiciones de pluralismo.

 En 2021 en plena pandemia de Covid-19 la nación caribeña volvió a celebrar elecciones, pero ahora para elegir alcaldes. El oficialismo ganó 20 provincias de 23, así como 2025 alcaldías de 335; la violencia caracteriza este proceso porque grupos chavistas dispararon en centros de votación y amedrentaron a quienes querían sufragar. La organización Voto Joven encontró 755 irregularidades como violencia física, compra de votos e intimidaciones en 110 centros de votación de 17 provincias.

La autoridad electoral no se pronunció al respecto, lo que genera mayor temor puesto que no cumple con su función de garantizar las condiciones de paz para ejercer el voto. Al contrario, su silencio parece avalar estas conductas antidemocráticas que manchan las victorias del oficialismo. No conformes con eso, el padrón electoral se redujo en 10 millones para 2022; organizaciones como Súmate señalaron este acontecimiento, pero el órgano electoral se mantuvo omiso.

En 2023 Maduro y su mayoría congresional optaron por renovar la totalidad del Consejo Nacional Electoral; la oposición criticó esta postura al considerarla una maniobra que deslegitima la posibilidad de competir en igualdad. Se designó en la presidencia a Elvis Amoroso quien fue contralor de la república, parlamentario chavista y presidente del Poder Moral en Venezuela; su parcialidad está más que comprobada.

Por otro lado, el rector Carlos Enrique Quintero Cuevas era un militar leal a Hugo Chávez, en 2010 pidió su baja y su expediente desapareció. Esto le permitió continuar con su carrera en la milicia. Rosalba Gil Pacheco fue secretaria de la Asamblea Nacional y es miembro activo del oficialismo; Juan Carlos Delpino Boscán tiene nexos con el partido Acción Democrática; y Acme Clarisa Nogal Méndez, formó parte de la coalición Un Nuevo Tiempo e integró la comisión que elaboró el Reglamento para la elección primaria de la oposición.

Como podemos ver, al menos tres perfiles son cercanos al oficialismo, lo cual merma la autonomía de la institución. Si bien los integrantes de los órganos administrativos son personas con afinidad e ideología, debe predominar la justicia. Si las anteojeras políticas predominan, entonces la autoridad estará sesgada. Ahora, el domingo habrá una elección importante para la historia de Venezuela; y dependerá de la conducción de los rectores su legitimidad.

En conclusión, la jornada del domingo no solo dependerá de que ganadores y perdedores asuman sus responsabilidades políticas. Sino que la autoridad electoral será la encargada de garantizar la gobernabilidad postelectoral; su actuar en el pasado no ha sido de lo más ejemplar, pero es posible que independientemente del resultado este pueda limpiar su imagen.

Mientras tanto, los ojos de todo el mundo estarán sobre Venezuela; el CNE debe entender su responsabilidad como árbitro y tras las elecciones realizar una profunda reflexión sobre su labor. Por lo mientras, todos estamos atentos a lo que ocurrirá con los principales contendientes del país y el destino de la nación caribeña.