Sebastián Godínez Rivera

La sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) en la que se asignaron las diputaciones y senadurías, no fue un día de campo, al contrario estuvo llena de tensión. Más allá de los diversos posicionamientos de las consejerías, fue deleznable la participación de Sergio Gutiérrez Luna mostrando su intolerancia, su enanura política y el autoritarismo característico de Morena.

La polémica se suscitó tras la presentación de un proyecto que pretendía asignar una distribución más equitativa de las curules en el Congreso de la Unión. Este fue presentado por la consejera Claudia Zavala y respaldado por sus compañeros Martín Faz, Jaime Rivera y Dania Ravel; estos votos hicieron que Gutiérrez se quitara la careta y pugnara por un juicio político, es decir, la destitución de estas 4 consejerías.

Esto solo demostró el rostro autoritario del oficialismo, el cual se ha disfrazado de ropajes democráticos. La intolerancia es lo que mueve a Morena, no es un instituto compatible con la democracia ya que a lo largo de 6 años ha buscado mermar los pesos y contrapesos de la república, con el objetivo de concentrar poder. Claras fueron las posturas del ejecutivo federal, sus bancadas en el legislativo y juristas afines; ellos no buscan fortalecer el débil andamiaje republicano, sino destruirlo.

Sin embargo, no es la primera vez que un representante del oficialismo ha intentado gestar un juicio político; desde 2021 son diversos actores políticos a los que se les amenazó con juicio político. Las consejerías del INE, entre ellas Lorenzo Córdova y Ciro Murayama; a ministros y ministras de la Suprema Corte; las magistraturas del Tribunal Electoral, Janine Otálora Malassis y Reyes Rodríguez Mondragón. Cuando al partido en el gobierno no le parece la diversidad de pensamiento, opta por amedrentar al funcionariado público.

Ahora, con una supermayoría tendrán la fuerza para destituir y enjuiciar a personajes incómodos; lamentablemente, los que hoy gobiernan ven al juicio político como un mecanismo para sofocar la pluralidad y la independencia. Por ejemplo, esta figura en el ideal teórico busca que haya mecanismo para aplicar la ley a integrantes de los poderes de la unión cuando existe un abuso de autoridad, conductas indebidas o pruebas que acrediten redes de corrupción.

Los juicios políticos o destituciones en América Latina no necesariamente funcionan como una herramienta de control, sino de persecución o para generar inestabilidad. Para ilustrar, en Perú esta herramienta se ha ocupado con fines políticos más que de justicia; es la nación que más presidentes ha destituido desde 1999 a 2024. Otro caso, es el de Dilma Rousseff en Brasil, cuando fue depuesta de la presidencia por una mayoría opositora, tras presuntas acusaciones de casos de corrupción.

Por otro lado, en Argentina cuando gobernaba Alberto Fernández (2019-2023) se intentó llevar a juicio a los magistrados de la Corte, porque aprobaron una sentencia que obligaba a destinar mayor dinero a la ciudad de Buenos Aires, la cual era gobernada por la oposición. El peronismo optó por iniciar en la Cámara de Diputados una solicitud para destituir a los jueces, porque el oficialismo consideraba que abusaban de sus funciones e impulsaban un golpe blando o lawfare, ya que estaban al servicio de los opositores (¿dónde hemos escuchado eso?).

Ahora bien, en el caso mexicano esto genera incertidumbre, puesto que la irresponsabilidad de una mayoría con un partido autoritario, implica que los juicios políticos sean utilizados no porque haya pruebas que señalan a presuntos culpables. Al contrario, parten de ideas o concepciones ideologizadas y populistas centradas en que se desafió al poder establecido y a un supuesto pueblo, que es encarnado por Morena.

El posicionamiento de Gutierrez en el Consejo General solo desnudó el talante autoritario de un partido que a través de sus reformas pretende someter a los últimos bloques de contención. La reforma judicial es una venganza por el papel de jueces, magistraturas y ministros como garantes de la división de poderes; la desaparición de los Órganos Autónomos busca sumir al país en los monopolios, la opacidad y la concentración del poder.

Lo que vimos el viernes 23 en el INE, fue una muestra de la intolerancia institucionalizada en un partido; querer enjuiciar a cuatro consejerías porque a un representante no le gustó la forma en que votaron. El proyecto buscaba una asignación entre votos y escaños más equitativa, pero el oficialismo lo vio como un intento de arrebatarle una mayoría calificada que no obtuvo en las urnas. El 2 de junio Morena y aliados ganaron la mayoría simple, nadie les dio la calificada.

Sumado a esto, solo puedo pensar en regímenes autoritarios que han perseguido a funcionarios porque no les gustan sus decisiones. Sin embargo, Dania Ravel, Claudia Zavala, Martín Faz y Jaime Rivera han sido aplaudidos por su postura en la defensa institucional, el cuidado de la pluralidad y la congruencia de sus posturas. Mientras unos quisieron asignar a través de la literalidad de la ley y los acuerdos, sin hacer una análisis integral de la contrapropuesta; hubo 4 integrantes del INE que intentaron apelar a una distribución más equitativa.

Si bien, desde hace tiempo algunas voces y analistas habíamos avisado del autoritarismo que se vislumbraba antes del proceso electoral, lo cierto es que el posicionamiento del representante de Morena es el mejor ejemplo de la intolerancia. Por otro lado, la gente votó en las urnas por un instituto que no es compatible con la democracia; como en la mitología griega las sirenas encantaron a los marinos que navegaban por el Mediterráneo.

Sin embargo, aquí el canto del autoritarismo sedujo a la población, quien desencantada con la democracia consideró que la concentración del poder es la solución; (Morena cantó como sirena y los electores se endulzaron con ese cántico). Ahora viene la destrucción institucional que trastocará las reglas establecidas y la incertidumbre del rumbo que tomará el país es lo que más debería preocuparnos.