Sebastián Godínez Rivera

Luego de un año de retraso, Bolivia se sumará al calendario electoral latinoamericano para cumplir con las elecciones judiciales que supuestamente debían celebrarse en diciembre de 2023. Tras una crisis en el Poder Judicial, el Tribunal Supremo Electoral anunció que será el 1 de diciembre cuando la ciudadanía deberá acudir a las urnas para elegir a los y las nuevas juzgadoras.

El Senado aprobó las candidaturas habilitadas el 5 de agosto, permitiendo que ahora 69 candidatos compitan por el Tribunal Supremo de Justicia, 36 por el Tribunal Constitucional, 14 para el Tribunal Agroambiental y 20 para el Consejo de la Magistratura, siguiendo criterios de paridad de género. Ante la crisis legislativa del país andino, los jueces debieron extender su mandato para evitar que el Poder Judicial quedara vacante en su totalidad.

Este será el tercer proceso electoral judicial, el primero fue en 2010 y luego en 2017; a pesar de los cuestionamientos por la parcialidad de los jueces, los bajos índices de participación y la captura del Poder Judicial. Sin embargo, no serán las únicas elecciones que se llevarán a cabo en diciembre, puesto que el presidente Luis Arce ha declarado que llamará a un referéndum para consultar a la ciudadanía en tres temas: 1) si se elimina el subsidio a los hidrocarburos; 2) sobre la reelección si esta es continua o no; y 3) una nueva redistribución sobre los escaños del parlamento.

En el caso de los hidrocarburos, el país ha estado sufriendo escasez de diésel y gasolina por la debacle de su industria; esto ha generado que su producción caiga. La respuesta a esto es que el ejecutivo pretende introducir nuevas gasolinas que no sean subvencionados y con ellos reactivar el mercado interno. De aprobarse este cambio, el país transitaría de un mercado de competencia cerrada a uno más abierto, contrario a lo que había hecho Evo Morales que era mantener un monopolio sobre la producción de combustibles.

El segundo tema el cual ha despertado la disputa entre su antecesor Evo Morales y el actual ejecutivo es el tema de la reelección. En 2023 el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió una sentencia la cual establece que nadie podrá permanecer en el poder por más de un periodo consecutivo; sin embargo, esto no está en la Constitución. Luego de que Morales Ayma ganó la presidencia en 2006 y se reeligió 2 veces seguidas, fue en 2016 cuando el presidente acudió al TCP para consultar sobre un cuarto mandato.

Entre 2017 y 2018 la Corte boliviana retomó el artículo 23 de la Carta Americana de Derechos Humanos para avalar la reelección indefinida, de la cual hizo una interpretación que sostenía que la reelección es un derecho humano. Con ese precedente, Evo Morales buscó un cuarto periodo en 2019, lo cual devino en protestas que culminaron con su renuncia y salida del país. Sin embargo, el exmandatario desde 2022 comenzó a recorrer el país para anunciar su regreso al Palacio Quemado en 2025.

Cabe destacar que esta sentencia emitida por el TCP inhabilitaría a Morales para un nuevo mandato, sin embargo, con el referéndum se busca confirmar este precedente. El tema de la reelección ha dividido al país entre el ejecutivo quien cuenta con la legitimidad legal, pero del otro lado se encuentra Morales quien cuenta con el carisma que sigue influyendo en la población. La disputa dentro del partido gobernante ha generado tensiones, las cuales han dejado al descubierto la crisis que atraviesa el Movimiento Al Socialismo (MAS).

Finalmente, el tercer tema versa sobre la redistribución de las 130 diputaciones nacionales, ya que tras el censo del 2024 hay departamentos en los cuales la población aumentó y en otros disminuyó. El objetivo es que con este reacomodo, las entidades tengan un peso similar y esto no genere una sobre o subrepresentación en la Asamblea Nacional. Esto ha despertado el debate entre las y los politólogos bolivianos, quienes sostienen que para lograr esto debería realizarse una reforma constitucional.

Sobre todo, por el tema de la distribución legislativa la cual debería aumentar en número a asambleístas para lograr que las provincias tengan un peso equilibrado. Generalmente, este tema debe ser analizado con cuidado, ya que de realizarse con anteojeras políticas y no técnicas puede provocar la exclusión o la disminución de parlamentarios.

En conclusión, Bolivia tiene una cita con las urnas en diciembre no solo para las polémicas elecciones judiciales, sino para un referéndum. La última vez que se realizó un ejercicio como este, en materia de políticas públicas fue durante el mandato de Carlos Mesa para preguntar a la ciudadanía sobre los yacimientos de gas. En 2024 la ciudadanía deberá decidir sobre temas energéticos, un reacomodo de la Asamblea Nacional y sobre la reelección, el cual ha sido un tema que ha dividido al oficialismo y confrontado a dos líderes del país.