Sebastián Godínez Rivera

En el verano de 2024 los y las juezas, magistraturas y trabajadoras salieron a las calles para luchar por la defensa de la república, el Derecho y la división de poderes. Nunca ha sido escenario de una de las batallas más importantes entre quienes buscan someter a la democracia y quienes se han erigido como el último bastión de los contrapesos.

México desde 2018 vio el ascenso de un populista y un partido que aspiraron a controlar todos los contrapesos, las instituciones y la diversidad de pensamientos. Ante una falta de articulación de la oposición política, ha sido la sociedad quien ha plantado cara a los embates que han seducido a un grosso de la población. Sin embargo, han sido las y los trabajadores del Poder Judicial quienes han intentado frenar una reforma de ocurrencias que no busca mejorar la justicia, sino capturar al tercer poder.

La reforma judicial del oficialismo es la muestra de errores e ignorancia en el Derecho y las Ciencias Sociales; implementación de un modelo que dista mucho de la realidad mexicana y que no ha sido analizada a través de datos, política comparada y antiojeras científicas. Asimismo, el debate ideologizado y carente de argumentos válidos para analizar un tema de gran calado como lo es esta reforma.

El estallamiento de un paro por parte del Poder Judicial Federal ha captado los reflectores de los medios nacionales y el mundo. La resistencia que han emprendido ha generado molestía del oficialismo a nivel nacional y sus ministras afines (Batres, Esquivel y Ortíz);  quienes han mostrado su apoyo a la destrucción de la carrera judicial, la elección de jueces por voto popular, la creación de un tribunal de disciplina y la aparición de los jueces sin cara.

La sociedad mexicana no podrá negar la resistencia que está en marcha de cómo las y los trabajadores han intentado concientizar a la población. Son los hombres y las mujeres de a pie en la primera línea de la justicia quienes se están viendo afectados; no es la defensa de los privilegios, el dinero o el nepotismo como vocifera el oficialismo. Las manifestaciones han intentado sumar apoyos para hacer presión y detener esa aprobación (la cual lamentablemente, no podría ser frenada).

Desde la toma de los edificios de trabajo, las protestas silenciosas en el Consejo de la Judicatura y la Suprema Corte hasta la marcha estudiantil de la Facultad de Derecho de la UNAM, son muestra de la resistencia a una reforma autoritaria y caprichosa por parte de López Obrador. Demostrando que hay trabajadores, estudiantes, así como las magistraturas honestos e imparciales que han crecido profesionalmente a través de la carrera judicial.

A esto se suma la solidaridad del pleno del máximo tribunal del país con los trabajadores; com nombre y apellido: la presidenta Norma Lucía Píña Hernández, Antonio Gutiérrez Ortíz Mena, Javier Laynez Potisek, Mario Pardo Rebolledo, Juan Luis González Alcántara, Margarita Riós Farjat y Alberto Pérez Dayán votaron por suspender la sesión. Cabe destacar que al último se sumó Luis María Aguilar Morales.

Mientras que las aplaudidoras del régimen Loretta Ortíz, quien fue interpelada por la oficial judicial, Mildred Berrón, en un foro en Yucatán; y Yasmín Esquivel quien plagió sus tesis de licenciatura y doctorado, votaron en contra de solidarizarse. Por último, la ministra del dedo, Lenia Batres, no asistió a la sesión presencial, sino que se quedó de forma virtual y hasta se olvidó de votar.

La autodenominada Ministra del Pueblo, que llama a quienes trabajan en su ponencia a salir con carteles con frases como “a tus sentencias le hacen falta calle” o “elección judicial, decisión personal” solo muestra su baja productividad e ignorancia. Su complicidad con el gobierno actual para dinamitar la Corte es producto de su servilismo, el nepotismo del que es parte porque familiares de ella están incrustados en todos los niveles de gobierno, aunado a su falta de preparación académica y profesional ¿A caso no es esto lo que tanto critica?

En los anales de la historia política mexicana quedará la lucha que han emprendido los y las trabajadoras; la justicia ha resistido a los embates absolutistas y la intención de formar un nuevo régimen que no tendrá similitudes con el partido hegemónico que gobernó el siglo XX. Ahora bien, diversas voces han llamado a descontarles el día o no pagar mientras las y los trabajadores mantienen el paro; ante estos dichos, los manifestantes han declarado que no es un paro, porque siguen trabajando, sino que debe llamarse resistencia.

Hablar de una resistencia va más allá de la oposición política, sino que puede asimilarse con una llama de fuego que intenta no ser apagada por vientos turbulentos o la lluvia. Escribir y hacer referencia a la resistencia judicial del verano de 2024 es hacerlo con respeto, aunado a la defensa institucional y democrática de México. Son las voces de magistraturas, jueces y juezas que alertan sobre la entrada a un túnel oscuro y las turbulencias que esto generará para toda la ciudadanía.

Como ciudadanos solo podemos solidarizarnos con la lucha y agradecer por alzar las banderas, dejar las togas para salir a la calle y defender al único poder que ha sido bastión de la democracia. Lamentablemente y siendo realistas, en diversos espacios se ha mencionado que el oficialismo tiene todos los medios para aprobarla por la vía legal: tienen los votos en el Congreso de la Unión y los parlamentos locales..

Sin embargo, no lo tienen todo; les falta moral y dignidad de la cual carece el oficialismo, porque sabiendo que esto dañará al país, aún así se inclinan frente al Luis XIV de Macuspana para rendir pleitesía. Como súbditos solo aplauden las ocurrencias de un emperador que va desnudo por la calle, pero no se atreven a decirle que no trae nada porque miedo les dará. Finalmente, aplauden al Calígula tabasqueño por cualquier designación, así sea un caballo en un puesto de alto mando.