Sebastián Godínez Rivera

Perú es nuevamente escenario de una disputa entre el poder político y la academia, el congreso ha aprobado la creación del Colegio de Politólogos;  con 69 votos a favor, 18 en contra y 7 abstenciones, la representación nacional dio luz verde al proyecto de Ley 484/2021-CR. La controvertida iniciativa ha sido criticada por el gremio en el Perú y ha encontrado resonancia en Latinoamérica.

Los y las politólogas peruanas han sentenciado que el gobierno pretende controlar a esta profesión que históricamente ha sido crítica con los gobiernos. En el ciberespacio las voces se han multiplicado, ya que el gobierno pretende controlar la libertad de cátedra y el trabajo de esta profesión; asimismo, se ha denunciado la falta de participación para hacer un análisis integral de la iniciativa y se excluyó a los profesionales. 

El punto central de los cuestionamientos es que se violenta la independencia y el desarrollo profesional que afecta el pluralismo. Debemos entender que quienes nos dedicamos a la Ciencia Política, tiende a ser incómoda para el poder porque cuestiona las relaciones, los actores y las decisiones que se toman. El análisis de las y los gobernantes es una forma de ejercer control sobre las acciones gubernamentales.

La academia en las democracias debe tener un papel preponderante en la vigilancia del poder. Los ejecutivos peruanos desde hace tiempo han tenido una fijación con los cientistas sociales, ya que la creación de un colegio de politólogos data de 2007, durante el mandato del expresidente Alan García, empero, esta fue archivada y nunca más se volvió a abordar.

El expresidente Pedro Castillo en 2021 arremetió contra este sector a quienes acusó de alejarse del pueblo y no responder a los problemas nacionales. Además, criticó que muchos ejecutivos han sido científicos sociales y no han dejado nada bueno, así lo declaró el entonces primer mandatario:

“A veces quieren hacernos ver a través de la pantalla como uno más del montón. Y piensan que hemos venido nosotros acá al gobierno, como campesinos que le roban la plata al campesino. ¿Somos culpables de eso? Han pasado bastantes politólogos por Palacio de Gobierno y esa es la herencia que nos dejan»

Las voces especializadas como Omar Awapara han declarado que esta iniciativa legislativa “no va a favorecer en lo absoluto el ejercicio de la profesión”, y que, por el contrario, “va a formar una especie de cartel, en el que algún tipo de órgano colegiado va a marcar una especie de línea, sobre la cual es posible ejercer esta profesión o no”. Limitar la capacidad crítica de los científicos sociales implicaría simpatizar con el poder e ideologizar la investigación. 

Por otro lado, también se busca que quienes estén en este colegio tendrán un título que será reconocido en todo el país. Empero, si tomamos en cuenta que la carrera se creó en 1988 y muchos profesionistas se formaron en la práctica y no contaban con un grado académico, se entiende que es una forma de invalidar la sapiencia adquirida por otros medios. Aunado a lo anterior, se establece el pago de una colegiatura para adquirir un título.

Esto ha despertado las críticas de organizaciones como la Asociación Civil Politai, quien ha cuestionado que la colegiatura no puede anteponerse al título y que éste a su vez no es garante de calidad. Los intentos por dotar de un sentido economicista a la profesión es una forma de controlar la investigación, aunado a que esto no garantiza publicaciones o análisis de calidad.

Esta polémica ley se da en medio de un gobierno que sustituyó a Castillo por el intento de golpe de estado y el ascenso de Dina Boluarte como presidenta. Esto desató protestas violentas que exigían la convocatoria a nuevas elecciones, a un constituyente, el cierre del congreso y la renuncia de la mandataria. Además, de acuerdo a diversos indicadores internacionales el Perú ha transitado a un régimen híbrido.