Sebastián Godínez Rivera

Honduras se encuentra en ebullición debido a las elecciones generales que se celebrarán el 30 de noviembre del presente año. El país centroamericano vive una crisis pre electoral alentada por el oficialismo, la presión sobre las consejerías del Consejo Nacional Electoral (CNE) y protestas que han servido para hacer frente al partido gobernante.

El siglo XXI no solamente es conocido como el del populismo de acuerdo a Pierre Rosanvallon, sino también debería ser conocido como el de la erosión institucional. Es claro que en el mundo la democracia y sus instituciones están siendo atacadas por personajes que ganan el poder en las urnas y desde puestos de decisión pretenden dinamitarla. Este es el caso de la pareja presidencial, Xiomara Castro y Manuel Zelaya.

El detonante de la crisis hondureña es porque el gobernante partido Libertad y Refundación (LIBRE) ha movilizado a sus seguidores para presionar al órgano electoral. La disputa está enmarcada en que el CNE no ha recibido las propuestas de empresas privadas para dar a conocer la Transmisión de los Resultados Electorales Preliminares (TREP); el cual sirve par informar sobre los votos y las tendencias de la jornada comicial.

A eso se suman los reclamos del Primer Caballero y asesor de la presidente, Manuel Zelaya quien gobernó el país entre 2006 y 2009 como presidente ahora llama a sus seguidores a movilizarse e “impedir el fraude electoral”. Zelaya ha dicho que no lo van a sorprender como en 2009 porque ahora están organizados y han formado un ejército de 30 mil personas que serán desplegadas en todo el país para cuidar los votos.

La desconfianza del Primer Caballero proviene de 2017, cuando el TREP dio ventaja al entonces ejecutivo Juan Orlando Hernández y le permitió un tercer mandato. Asimismo, ha mencionado que respaldará a la candidata presidencial, Rixi Moncada, en su evento de arranque el 30 de agosto para el cual está prevista una movilización. Al oponerse al programa de transmisión, ha sembrado la incertidumbre en el país y movilizado a varios sectores que lo señalan de gestar un fraude.

La oposición y la ciudadanía se han volcado en defensa de CNE y sus consejerías, las cuales están siendo intimidadas por el gobierno para ceder a sus deseos. La disputa no ha quedado solo en la calle, sino que dentro del propio órgano electoral, las consejerías, Cossette López-Osorio del Partido Nacional, Ana Paola Hall del Partido Liberal y Marlon Ochoa de Libre se han visto inmersos en la pugna por el TREP y la certeza de las elecciones.

López-Osorio y Hall aprobaron un mecanismo para la proyección de resultados preliminares, sin embargo, el consejero Ochoa declaró que no fue tomado en cuenta. Esto movilizó no solo a la pareja presidencial, sino a varias instituciones que piden la intervención del CNE y en caso de hallar responsables procesar a las consejerías. Así lo ha dicho el fiscal Johel Zelaya, quien ha agregado una dosis de intimidación al órgano electoral.

Lamentablemente la intimidación y el uso de otras instancias para someter a los órganos electorales no es nueva, al contrario se ha convertido en una constante de los líderes populistas, iliberales y autoritarios. Amenazas de juicio político como en el caso de México; alentar la retórica del fraude como Brasil, Honduras o Guatemala; señalar a la autoridad electoral de violar la ley como Rodrigo Cháves en Costa Rica y Gustavo Petro en Colombia; o la cooptación de estas instituciones en El Salvador, Nicaragua y Venezuela.

La crisis se ha traducido en la renuncia de la presidenta del CNE, Cossette López-Osorio; ante este hecho la oposición se ha movilizado en contra del gobierno y en respaldo a la consejera. Esto ha detonado que trabajadores electorales salgan a las calles a protestar para exigir autonomía y respeto a su trabajo, piden el cese de las intimidaciones y cuestionan la postura del oficialismo que merma el campo de acción de la institución.

Quienes en el pasado fueron depuestos de sus cargos mediante medidas antidemocráticas, hoy aspiran a mantenerse en el poder a través de los mismos mecanismos. Apelando a la memoria histórica y al carisma de Zelaya, está aprovechando la movilización de seguidores para generar inestabilidad y cuestionar el trabajo electoral. Mientras estuvo en la oposición exigió transparencia y respeto a la autoridad electoral; en 2025 ha formado un ejército electoral y desconoce a quién organiza los comicios.

Desde que inició el siglo XXI varios personajes han utilizado la retórica del fraude preventivo, es decir, en medio del proceso electoral o antes advierten de un robo por parte de sus adversarios: oligarquía, medios de comunicación, oposición, etc. López Obrador en México (2006, 2012 y 2018); Evo Morales en Bolivia (2019); Rafael Correa en Ecuador (2007 y 2013); Hugo Chávez en Venezuela (1999); Bolsonaro en Brasil (2022); Bukele en El Salvador (2019); o Trump en Estados Unidos (2021) por mencionar algunos.

Como si de un manual se tratara, varios personajes consideran pertinente dinamitar la democracia desde el poder o las calles, en aras de retener el poder o ganarlo. Zelaya y Libre aspiran a que los comicios de noviembre se conviertan en un referéndum bipartidismo o refundación, pero han agregado una dosis de desconfianza que merme la participación, disuelva la confianza en el CNE y que el ejército electoral del partido gobernante pueda actuar.

La democracia hondureña está siendo socavada como en otras partes del mundo, en algunas latitudes esta ha sido dinamitada de formas silenciosas, mientras que en otros casos, el ataque es abierto. Honduras se encuentra en la antesala de los embates populistas hacia los organismos que celebran elecciones; sin embargo, lo cierto es que a ningún actor político le conviene que las urnas se sometan a otros medios para resolver el eterno problema de la representación.