Sebastián Godínez Rivera

El 12 de agosto el Ecuador vivió uno de los momentos más tensos derivado de una marcha encabezada por el presidente Daniel Noboa y todos los ministros para presionar al Poder Judicial. No es la primera vez que el ejecutivo es señalado por la oposición y la academia de mostrar su talante autoritario. Sin embargo, su intolerancia solo desnudó un caso más de los deseos presidenciales.

El ensanchamiento del ejecutivo como diría Guillermo O´Donnell o la acumulación de poder no es un fenómeno aislado, al contrario, Ecuador puede ser sumado a la lista de regímenes híbridos y con alertas por el riesgo a que la independencia judicial sea socavada. No fue una marcha pacífica o en aras de solicitar un diálogo con los magistrados de la Corte Constitucional. Al contrario, las vallas, lonas y letreros con los rostros de los 9 integrantes de esta institución acompañados de frases como “esos 9 no frenarán a la mayoría” o “salgan cobardes”solo son muestra un desprecio por el Poder Judicial.

La movilización se originó porque el tribunal constitucional revisará algunos artículos de diversas leyes aprobadas por la mayoría de la Asamblea Nacional. Temas como órdenes de cateo, espionaje, eliminación de financiamiento público a partidos políticos y privacidad son algunos de los temas. Desde que Noboa asumió el segundo mandato, ha demostrado que la agresividad es parte de su estilo de gobernar.

Copiando el estilo de su par salvadoreño, Nayib Bukele, ha establecido diversos estados de excepción que le permiten combatir la violencia, pero sin los resultados del mandatario salvadoreño. Derivado del proceso electoral polarizado entre el correísmo y Noboa, su lenguaje se ha elevado de tono, al punto que considera enemigos quienes no ven la realidad como él. La última reforma electoral que elimina el financiamiento a partidos y prohíbe la difusión de propaganda, desbalancea el terreno de la competencia.

Sin embargo, el fantasma de los gobiernos unificados reaparece y recorre no sólo América Latina, sino el mundo. Noboa cuenta con la mayoría en la Asamblea Nacional y al igual que en otras latitudes, parece que el papel de los jueces comienza a incomodarle. En el mundo hemos visto el sometimiento de jueces mediante elecciones como México y Bolivia; con instituciones de control como las Salas de Disciplina en Polonia y Hungría; y en otros caso los autoritarios someten a las y los juzgadores su voluntad como en el caso de Nicaragua.

Noboa es más confrontativo, no es un populista que enarbola la bandera del pueblo, al contrario le gusta tensar y mostrar la fortaleza de su voluntad. El escenario de la concentración, estuvo marcado por militares que cercaron el perímetro de la Corte y que cuidaban del presidente; ministros que movilizaron a la burocracia para engrosar la marcha; y los mensajes beligerantes contra los magistrados.

El ejecutivo quiere letalidad, no contrapesos, así lo dejó ver la prefecta de Esmeraldas, Roberta Zambrano, quien dijo “todos están apoyando al presidente, menos el poder judicial”. Mientras tanto, el ministro de Defensa, Gian Carlo Lofredo, dijo que desconocía el origen de los carteles, pero insistió en que “los jueces deben dar explicaciones sobre sus sentencias y acciones”.

Ambas declaraciones denotan el autoritarismo y la incomodidad del partido gobernante. Asimismo, en su discurso frente al tribunal constitucional, el inquilino del Palacio de Carondelet pronunció las siguientes palabras: «Estamos aquí con el pueblo, luchando contra la corrupción y la falta de empatía hacia la gente que vive con inseguridad y narcotráfico en todos lados”.

Las acciones no solo despertaron la condena de sectores académicos, opositores quienes se pronunciaron en defensa del Poder Judicial, sino también de organismos internacionales como Amnistía Internacional o el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Critican las presiones sobre los jueces y los intentos de estigmatizar la justicia con el objetivo de que las sentencias sean favorables al gobierno.

Asimismo, Noboa también tiene planeado un referéndum para preguntar a la ciudadanía si los jueces constitucionales pueden ser destituidos y/o llevados a juicio político. En un comunicado la Corte Nacional de Justicia declaró que las discrepancias por criterios son parte de la democracia, pero estos deben ser atendidos por canales legales. Mientras que la Corte Constitucional condenó los intentos de amedrentar a las y los magistrados, señalando que esto solo pone en peligro la integridad de los jueces.

Lo que el mundo presenció hoy en Ecuador no es más que el estilo confrontativo y beligerante de la política que se ha observado en otras latitudes. Por ejemplo, en 2022 en México, López Obrador impulsó una reforma electoral que terminó en la Suprema Corte, sus seguidores salieron a las calles y mostraron ataúdes con los nombres de los consejeros. En Colombia, Gustavo Petro se disgustó por la sentencia de la Corte y simpatizantes salieron a las calles para intentar ingresar por la fuerza.

En El Salvador, cuando la Asamblea Nacional se negó a aprobar el plan de seguridad de Bukele, llamó a los militares para presionar a los asambleístas y convocó a manifestaciones al exterior del congreso. En Estados Unidos y Brasil, Donald Trump y Jair Bolsonaro movilizaron a sus seguidores bajo el discurso del fraude electoral; en Venezuela, Nicolás Maduro luego de perpetrar el fraude del 28 de julio salió a gritar desde el Palacio de Miraflores que retaba a que fueran por él.

Ejemplos hay muchos y la marcha suscitada en el Ecuador solo es un eslabón más de la crisis de la democracia y la erosión institucional a nivel global, pero que responde a factores similares. Los jueces se han convertido en botines de los líderes autoritarios y su intimidación es un elemento más para la consolidación de los autoritarismos.