Por Fer Valdés

Durante años, México ha estado atrapado entre dos fuerzas opresoras: un gobierno corrupto e ineficiente que promete bienestar mientras despoja a sus ciudadanos, y el crimen organizado, que se aprovecha de la desesperación popular. Los mexicanos han pagado impuestos al gobierno, esperando servicios básicos como salud, educación y seguridad, pero estos recursos se diluyen en la corrupción, mientras los hospitales carecen de medicinas y las escuelas se deterioran.

Al mismo tiempo, el crimen organizado impone su propio “impuesto” mediante extorsiones y miedo, llenando los vacíos dejados por el Estado. En regiones olvidadas, los criminales proveen soluciones inmediatas, como medicinas o seguridad, que el gobierno no ofrece, ganando terreno en la desesperación del pueblo.

Casos como la narcomanta en Sinaloa pidiendo insumos médicos o la alcaldesa de Colipa ligada a un narco reflejan cómo el crimen y el poder político se entrelazan.

Mientras, las élites políticas prosperan con escándalos de corrupción, clasificando sus actos como “seguridad nacional” para evadir responsabilidad. Este abandono ha normalizado lo inaceptable, fortaleciendo al crimen organizado. Los mexicanos, traicionados, enfrentan una elección: seguir soportando esta doble opresión o alzar la voz para exigir justicia y recuperar el país. La hora de actuar ha llegado.