Por Evelyn Camela

Uno de los principios básicos de la administración pública municipal es la transparencia en el uso de los bienes públicos, así como el aprovechamiento racional de los recursos materiales que son propiedad de los Ayuntamientos.

En ese sentido, los vehículos oficiales constituyen una herramienta esencial para la operación de las dependencias municipales, pero también un activo que pertenece a la ciudadanía, por lo que su uso debe estar plenamente identificado, controlado y justificado.

La exigencia de los ciudadanos hacia quienes somos servidores públicos, es legítima cuando se trata de una clara rendición de cuentas y de una apertura para informar sobre el estado que guardan los bienes que forman parte de las administraciones municipales.

Les comparto que como regidora en el Ayuntamiento de Cuautlancingo, presenté hace unos días, un punto de acuerdo durante el pleno del cabildo, para rotular institucionalmente los vehículos oficiales que constituyen una herramienta esencial para la operación de las dependencias municipales, pero también un activo que pertenece a la ciudadanía.

El uso de este parque vehicular, debe estar plenamente identificado, controlado y justificado.

Lo anterior garantiza que la ciudadanía reconozca de manera visible a las unidades que pertenecen al Ayuntamiento, fortaleciendo la confianza pública y previendo el uso indebido de los bienes municipales.

La transparencia y el control de los vehículos oficiales representan una política de confianza y rendición de cuentas, pilares fundamentales de la buena administración y del derecho de la ciudadanía para conocer el destino de los recursos públicos.

El Ayuntamiento de Cuautlancingo, posee competencia directa sobre la administración, control y custodia de sus bienes muebles, entre los cuales se incluyen los vehículos oficiales.

El incumplimiento de la rotulación institucional y de los controles internos relativos a su uso constituye una omisión administrativa que contraviene tanto la normativa municipal como la legislación estatal aplicable.

El principio de legalidad administrativa obliga a que todo acto o uso de bienes públicos esté debidamente fundado y motivado. Por tanto, la asignación de vehículos debe basarse en criterios de necesidad institucional, con resguardos actualizados y rotulación visible, para evitar discrecionalidad y posibles responsabilidades administrativas.

Asimismo, la Secretaría de Administración, como dependencia encargada del parque vehicular, y la Contraloría Municipal, como órgano de control interno, deben actuar coordinadamente para implementar y vigilar las medidas necesarias que garanticen el uso adecuado, transparente y conforme a derecho de los vehículos oficiales.

En el punto de acuerdo presentado durante el pleno del cabildo municipal solicité al Presidente Municipal y a la Secretaría de Administración garantizar que todos los vehículos oficiales, propiedad o bajo posesión legítima del Ayuntamiento, se encuentren debidamente rotulados con la imagen institucional aprobada.

También solicité la realización de una revista del parque vehicular del Ayuntamiento, para verificar la rotulación de unidades, la existencia física, el estado de uso y la correcta asignación de cada unidad.

Es imprescindible que la Contraloría Municipal establezca un mecanismo de control interno que registre de manera periódica los kilómetros recorridos, consumo de combustible y destino de los vehículos oficiales, con base en las mejores prácticas de transparencia y eficiencia administrativa.

Fomentar la transparencia en cualquier orden de gobierno debe ser un compromiso que como servidores públicos nos corresponde hacer efectivo.

Recuperar la credibilidad de la sociedad en sus autoridades, es un trabajo constante que debemos asumir como uno de los principales retos de acuerdo a la encomienda que estemos realizando, en mi caso, como regidora en el Ayuntamiento de Cuautlancingo.