Por Alejandro Guillén Reyes

Dos acontecimientos han sacudido la opinión pública nacional e internacional en las últimas dos semanas.

El primero fue el descarrilamiento del Tren Interoceánico que causó la muerte de 14 personas. Un accidente fatal provocado por la corrupción, la cual ha sido periodísticamente documentada. Lamentablemente, no se ve la más mínima intención por parte del gobierno mexicano y de la Fiscalía General de la República de investigar y sancionar, incluso penalmente, a quienes fueron los responsables de la rehabilitación de dicho tren.

La práctica gubernamental de asignar directamente empresas o hacer licitaciones a modo para que el dinero público y la construcción de obras públicas terminen en manos de familiares o amigos sigue siendo una fuente de corrupción e impunidad. Además, es un riesgo para la integridad física de las personas y, en muchos casos, la pérdida de vidas humanas, provocando la desgracia a familias enteras, como es el caso del Tren Interoceánico. A pesar de sus graves consecuencias, no se ve que esto vaya a corregirse en el corto o mediano plazo y no se escucha por ningún lado a algún actor simpatizante del actual régimen que defienda con vehemencia el derecho humano a vivir sin corrupción, que también forma parte del derecho internacional.

El segundo evento es la incursión de fuerzas armadas estadounidenses en territorio venezolano para capturar al criminal dictador Nicolás Maduro con el objetivo de enjuiciarlo en tierras norteamericanas.

Por supuesto que esta acción es una violación al derecho internacional y al derecho interno norteamericano por parte de Donald Trump y de quienes le acompañan en su aventura latinoamericana.

Lo que llama la atención de este caso en la opinión pública es que una parte de quienes han salido a defender el derecho internacional (entre ellos la asociación de universidades mexicanas, ANUIES), no hemos visto de su parte -ni hoy ni en todos los años en que Venezuela fue gobernada por una dictadura criminal- que hayan salido a defender los derechos humanos de la mayoría del pueblo de dicho país, que también es sujeto del derecho internacional público.

Distintas organizaciones e instituciones, incluyendo la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, han documentado los crímenes que el gobierno “bolivariano” ha cometido en contra de personas identificadas con la oposición al régimen: asesinatos, “detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y malos tratos”, son algunos de los crímenes mencionados en el reporte.

Frente a la intervención norteamericana defienden la “autodeterminación de los pueblos”, pero nada dicen sobre lo que la mayoría del pueblo venezolano determinó en las urnas el 28 de julio de 2024, dándole su voto al candidato de la oposición Edmundo González. Ante este evento, la dictadura de Maduro desconoció el resultado, se atrincheró en sus instituciones corrompidas, particularmente en su ejército, y aumentó la represión en contra de su propio pueblo.

Al quedar incompleta la exigencia por parte de estos grupos, entonces, más que pedir al gobierno norteamericano respeto a los principios del derecho internacional, pareciera que han salido a defender a la dictadura criminal de Venezuela y -pensando en lo que pueda ocurrir después- proteger al gobierno mexicano en turno, el cual ha expresado públicamente su afecto -e incluso propensión a imitarlas- hacia las dictaduras criminales de Venezuela y Nicaragua, y en el caso de Cuba, el afecto lo ha demostrado regalándole a Miguel Díaz Canel y su pandilla millones de pesos en petróleo. Todo en aras de la “autodeterminación de los pueblos” y la “soberanía nacional”.

Exigir el respeto a los derechos humanos, al voto libre para elegir gobernantes y a vivir sin corrupción, es también defender el derecho internacional. Sin esta exigencia, la “autodeterminación de los pueblos” se convierte en pretexto para defender dictaduras criminales

Ojalá que, al menos este año que inicia, no dejemos de señalar la corrupción e impunidad que provocan la pérdida de vidas humanas, ni seamos indiferentes ante la violación sistemática de los derechos humanos que también son objeto del derecho internacional.

¡Buen año!