Alejandro Guillén Reyes

El filósofo austriaco Karl Popper sostuvo que la democracia es la única forma de gobierno mediante la cual un pueblo puede cambiar gobernantes sin derramamiento de sangre.

En México, la reforma electoral que está por aprobarse puede acabar con la democracia, y con ello se pondría fin al derecho del pueblo a elegir y cambiar a sus gobernantes en forma pacífica. En otras palabras, si no hay democracia, la única forma de cambiar gobernantes es la indeseable y condenable vía de la violencia, es decir, el uso de la fuerza física o la cavernaria “la ley del más fuerte”.

Por otra parte, Max Weber y Norberto Bobbio coincidieron en que la esencia del poder político es el monopolio o el uso exclusivo de la fuerza física; esta última, de acuerdo con Bobbio, es el medio más resolutivo para ejercer el dominio del hombre sobre el hombre y, quien detenta el uso exclusivo de este medio, dentro de ciertos límites territoriales, es quien tiene la soberanía (Norberto Bobbio, Estado Gobierno y Sociedad. FCE. México 2012. P. 108). De ahí que es reprobable que el gobierno de un país permita que grupos de la criminalidad organizada controlen o gobiernen territorios disputándole así la soberanía, como lamentablemente ocurre en México.

Ante un gobierno que deja de ser democrático y se convierte en una dictadura (aliada con grupos criminales) que cuenta con la fuerza física o la capacidad policiaca y militar para hacerse obedecer, que incluso tiene a su disposición bandas armadas ilegales, todos ellos utilizados para reprimir a su pueblo y aplacar cualquier movimiento opositor, como ha ocurrido en Venezuela y Nicaragua, ¿cómo un pueblo puede quitarlos del poder si este no tiene la fuerza física suficiente para echarlos de ahí?

Los últimos acontecimientos en Venezuela demuestran que a los criminales que gobiernan no se les puede sacar del poder con votos, tal y como lo intentó la oposición encabezada por María Corina Machado y Edmundo González en 2024.

Por el contrario, el 3 de enero de este año, quedó demostrado que solo una fuerza física o militar superior -como la de Estados Unidos- pudo capturar al líder de la dictadura y hacer que lo que aún queda de ese gobierno criminal deje de ser soberano al ser obligado a ponerse a las órdenes de lo que le dicte el gobierno norteamericano. 

Para los venezolanos, el costo de haber perdido la democracia ha sido altísimo, tanto en pérdidas económicas (la mayoría de los venezolanos vive en la miseria) como en la pérdida de libertades y vidas humanas que han sido acribilladas por el régimen.

Las lecciones que debemos sacar para México sobre lo ocurrido en Venezuela son muy claras:

Si se lleva a cabo una reforma electoral cuya finalidad es que el actual grupo gobernante se perpetúe en el poder, sometiendo a la institución electoral al servicio del gobierno y su partido, eliminando la representación proporcional de las minorías en el congreso, disminuyendo el presupuesto destinado a las actividades de los partidos así como de la organización de las elecciones con el pretexto de que “nos salen muy caros”, y manteniendo intacta la forma en que grupos criminales se adueñan de presidencias municipales o de gubernaturas, corremos el enorme riesgo de pagar costos muy similares a los que pagó el pueblo venezolano durante un cuarto de siglo, incluyendo la pérdida de nuestra ya muy deteriorada “soberanía nacional”.

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