Por Gustavo García

Fue en el año 2014 cuando nuestros legisladores, iluminados por la más pura fe democrática, decretaron que “los ciudadanos también podían ser candidatos”.

Según los partidos se apiadaron del ciudadano y se abolió el monopolio de los partidos políticos para postular —legalmente— a quienes no sabían nada de cuotas internas ni cómo negociar candidaturas con barones de partido.

En un acto de sublime generosidad republicana se consignó en el marco constitucional, que cualquier ciudadano podía aspirar a un cargo de elección popular sin tener que pertenecer a un magnánimo partido político.

El problema —como siempre pasa en esta bendita nación— no fue la idea, sino la realización de tan bondadosa reforma.

 A partir de esta, los mecanismos para acceder a una candidatura independiente quedaron sujetos a reglas diseñadas por quienes jamás han sido independientes, ni siquiera de sus nóminas partidarias.

Los aspirantes deberían reunir firmas equivalentes al 1 % del padrón electoral nacional para presidente, más distribuidas entre al menos 17 estados; y requisitos similares (aunque menores en porcentaje) para otros puestos legislativos.

En el primer gran test de 2015, cuando la ilusión democrática aún tenía algo de brillo, 57 ciudadanos intentaron ser candidatos, de los cuales apenas 22 lograron el registro para diputaciones federales.

Hay que decir que menos de la mitad pasaron el filtro de firmas, trámites y verificación de datos. 

¿Cuántos llegaron a ganar?

Apenas unos pocos, y sólo uno en diputaciones federales obtuvo triunfo electoral.

Y aquí entra la ironía: aquel primer independiente con éxito político masivo, “El Bronco” —alguien que sí sabía cómo competir fuera de los aparatos partidistas— no sólo tuvo que recolectar miles de firmas (mucho más allá de los mínimos legales de entonces), sino que también cargó con la molestia de su antecedente priista mientras trataba de explicar que era “ciudadano común”.

Ganó la gubernatura de Nuevo León y nos enseñó dos cosas: que sí se puede, y que la figura ciudadana todavía parece territorio hostil para cualquier mortal sin experiencia partidista.

Desde entonces, cada ciclo electoral ha confirmado la misma historia: unos cuantos aspirantes cruzan el laberinto de firmas, requisitos y tiempos; muy pocos alcanzan el registro, y menos todavía ganan algo.

En muchos procesos locales los candidatos independientes no aparecen siquiera como opción viable; en otros, la participación queda relegada a cifras simbólicas o anecdóticas más que a representación real.

Pero, oh sorpresa, la memoria política de nuestros legisladores es tan corta como sus discursos sobre democracia interna.

 En lugar de hoy perfeccionar la figura de candidaturas ciudadanas, la discusión pública se volcó a coaliciones, cuotas de género dentro de partidos y peleas internas de estatutos.

Por eso mientras tanto, el ciudadano promedio que ni siquiera pertenece a un partido sigue preguntándose por qué, si el derecho a ser candidato fue consagrado hace más de una década, hasta el día de hoy todavía parece más fácil que un político de “carrera” te invite a cenar a que realmente se te dé una oportunidad de competir por un escaño.

Hoy se debe decir que, si la reforma de 2014 fue un acto de fe en la participación ciudadana, el resultado hasta ahora, como siempre, es una especie de teatro democrático: apertura formal sin puertas reales para cruzar.

Y en ese teatro, hoy se habla de una reforma electoral por el bien de los ciudadanos, pero la verdad es que los ciudadanos siguen de espectadores viendo cómo los protagonistas principales son siempre los mismos: los partidos políticos, que sólo buscan su beneficio y la manera de usar al electorado en sus negocios, a la hora de gobernar.