Sebastián Godínez Rivera

El cambio de poderes en Honduras se erizó luego de que la presidenta, Xiomara Castro, ordenó la coordinación entre su gobierno y el del presidente electo, Nasry Asfura, para la transición. Sin embargo, su mensaje denotó molestia al declarar que “estamos listos para entregar la administración aunque sea un gobierno de facto”.

Dicha declaración no solo muestra un comportamiento poco democrático puesto que los derrotados no reconocen el triunfo formal, sino que abonan a una deslegitimación del gobierno entrante. Es pertinente señalar que los comicios organizados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) no se realizaron con integridad y la polarización entre actores políticos erosionó la credibilidad en el órgano electoral, pero llamar gobierno de facto a su sucesor no son palabras menores.

En Ciencia Política el gobierno de facto “no está reconocido por alguna norma, viola el ordenamiento constitucional del Estado y carece de legitimidad” de acuerdo con el Diccionario Panhispánico. Otra característica es que surge del uso de la fuerza como un golpe de estado o por un vacío de poder, esto genera que el reconocimiento internacional sea un acto voluntario y discrecional.

Otra definición es la del Fondo Monetario Internacional que lo considera como un gobierno que “entra o permanece en el poder por medios no previstos en la constitución del país, como un golpe de estado, revolución, usurpación, abrogación o suspensión de la constitución”. La definición no está ligada a la percepción de quienes resultaron derrotados en las urnas o que están inconformes con los resultados como ocurre con LIBRE y la presidenta.

Ejemplos de gobiernos de facto en el mundo son los gobiernos militares de Chile con Augusto Pinochet (1973-1990), Argentina bajo la Junta de Reorganización Nacional (1976-1983), Efraín Ríos Mont en Guatemala (1982-1983), Alberto Fujimori tras el autogolpe de 1992 o la dictadura cívico-militar de Uruguay (1973-1985). Las administraciones enunciadas con antelación se caracterizaron por la suspensión de la constitución, la imposición por la fuerza y la abrogación de los otros poderes del Estado.

En el caso hondureño es innegable el cuestionable papel del CNE, pero también de los actores políticos empezando por el oficialismo que desde antes de los comicios denunció fraude. Fue el primer caballero Manuel Zelaya quien llamó a formar comités del partido LIBRE porque no confiaban en la autoridad electoral. Por su parte la candidata Rixi Moncada que quedó en tercer lugar se negó a reconocer los resultados acusando a los golpistas de quitarle votos.

A esto se sumaron las disputas entre los integrantes del órgano electoral y el discurso incendiario de la primera mandataria. El proceso electoral es cuestionable y debe exigirse mayor transparencia, sin embargo, decir que ahora habrá un gobierno de facto en el país es una declaración peligrosa. Asfura ganó con 40.3% de los sufragios, no se impuso por la fuerza, por lo tanto, señalar al ganador de imposición implica desconocer a la ciudadanía que le dio sus votos.

Hoy 27 de enero Asfura tomará posesión del cargo, empero, las tensiones continúan siendo una constante en el panorama hondureño lo que no abona a la estabilidad del pequeño país. Acusar a Asfura de ejercer un gobierno de facto implica elevarlo junto a dictadores que sometieron a sus países, impusieron su voluntad y desconocieron el marco constitucional existente, lo que no ha ocurrido hasta el momento.

La democracia no puede ser una justificación para respetarla cuando se gana el poder, pero cuestionarse cuando se pierde, de hecho esa es la definición del politólogo Adam Przeworski “la democracia es el sistema en el que partidos ganan y pierden elecciones”. Los actores políticos de Honduras así como varios del mundo tienen que aprender a ganar, pero también a perder, la cultura cívica tampoco puede estar sujeta a su los resultados gustan o no, tiene que haber prudencia entre los competidores.