Sebastián Godínez Rivera

La región centroamericana ha sido ignorada en los estudios sobre la erosión democrática, no es novedad que diversos países de la región son azotados por la violencia. Algunos gobiernos han optado por tomar medidas drásticas para hacer frente al crimen, han declarado regímenes de excepción como Bukele en El Salvador desde 2022, Honduras bajo Xiomara Castro con un Estados de excepción parcial desde 2022 y Guatemala decretó en 2026 el estado de sitio.

En diversas ocasiones la opinión pública ha utilizado estos conceptos como sinónimos para referirse a estas naciones, sin embargo, cada uno tiene sus diferencias aunado a los diversos usos que le han dado los ejecutivos latinoamericanos. En los últimos años se ha popularizado el modelo de seguridad de Nayib Bukele, el cual ha sido importado a diversas naciones como Ecuador, Argentina y Honduras como mecanismo para combatir al crimen organizado, sin embargo, no todos funcionan igual.

El régimen de excepción es una medida excepcional utilizada para atender catástrofes naturales, crisis económicas, desórdenes públicos y conflictos bélicos. Se caracteriza porque dota de mayores poderes al gobierno y a las fuerzas armadas, los cuales pueden suspender o restringir algunos derechos.

Ahora bien, referirse al régimen de excepción implica un cambio en las reglas y la forma de organización del poder, no debe confundirse con sus diversas variantes como el estado de alarma, sitio o de guerra. En el caso de El Salvador el presidente Nayib Bukele decretó el estado de excepción como mecanismo para combatir a las pandillas, sin embargo, se ha vuelto una constante de dicha nación, puesto que hasta el momento de escribir estas líneas, la Asamblea Nacional lo ha extendido en 42 ocasiones.

A pesar de que existen opiniones en favor y en contra de la forma en que Bukele combate la criminalidad, lo cierto es que esto ha permitido la concentración de poder en la presidencia y la militarización de la seguridad pública. Bukele ha encarcelado no solo pandilleros sino también periodistas, opositores y críticos a su gobierno bajo el argumento de que ponen en riesgo la seguridad.

A través de juicios exprés y comunitarios el gobierno ha encarcelado a diversas personas que no tienen derecho a un juicio conforme a la ley. El régimen de excepción implica la detención y enjuiciamiento de personas sospechosas, en este caso de pertenecer o apoyar a grupos del crimen. El Salvador a lo largo de este periodo ha trastocado la división del poder, reorganizando la integración del legislativo, presionando jueces incómodos y limitando la libertad de expresión.

En la vecina Honduras la presidenta Xiomara Castro optó por declarar el estado de excepción desde diciembre de 2022 ante el aumento de la criminalidad, al igual que los salvadoreños la Asamblea Nacional lo ha extendido en 25 ocasiones. La disposición oficial autoriza la suspensión de garantías constitucionales y permite a las fuerzas de seguridad detener a las personas que consideren responsables de asociarse, ejecutar o tener vinculaciones en la comisión de delitos y crímenes. Aunque no ha tenido un efecto profundo como en El Salvador.

Diversos sectores han pedido la suspensión al gobierno al considerar que no ha dado los resultados esperados, sino que los grupos criminales han optado por desafiar la mano dura del gobierno. Esta medida dejó al descubierto la incoherencia entre las propuestas de la entonces candidata Casta y su partido LIBRE, durante la contienda ella declaró que era necesario desmilitarizar la seguridad pública y apaciguar el país.

Sin embargo, ya en el poder optó por seguir el esquema bukeliano el cual no ha logrado atemperar la violencia. Testimonios de organizaciones de la sociedad civil han recolectado experiencia de la ciudadanía que sin tener nexos con el crimen han sido golpeados, robados y amenazados por las fuerzas de seguridad. Las fuerzas armadas se han empoderado y operan con impunidad lo que les han permitido intimidar a la población.

Por último, Guatemala bajo el gobierno de Bernardo Arévalo decretó el estado de sitio derivado de diversos motines en penales del país, el asesinato de siete custodios y ataques contra fuerzas se seguridad. El estado de sitio se instaura cuando situaciones ponen en peligro el orden institucional, como guerras, rebeliones, graves disturbios internos, amenazas a la seguridad nacional o conmociones sociales.

A diferencia del régimen de excepción, este suspende garantías constitucionales como la libertad de reunión y manifestación, por lo tanto, los guatemaltecos no podrán gozar de estos derechos los próximos 30 días. Aunque el presidente Arévalo señaló que será pasajero y fue decretado para garantizar la protección de la ciudadanía quedan diversas dudas. El mandatario guatemalteco no es Bukele, pero tampoco Castro para determinar el rumbo que tomará el país.

Guatemala es una incógnita puesto que Bernardo Arévalo proviene de una tradición socialdemócrata y se ha declarado en contra del uso de la fuerza. No obstante, en el accionar del estado de sitio los ejecutivos tienden a verlo como una medida recurrente y que se vuelve parte del régimen. Aún es prematuro, sin embargo, los resultados respecto al combate del crimen aún son pírricos en países que lo han decretado y la violencia no cesa.

Por otro lado está El Salvador como muestra de su sistema punitivo y autoritario que ha logrado someter no solo al crimen, sino también a la democracia. Mientras tanto, Guatemala se debatirá los próximos 30 días entre la mano dura o una estrategia integral que sea aplicable al final de este periodo.