Alejandro Guillén Reyes

Este 5 de febrero se conmemora el aniversario 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Consideremos este momento para reflexionar sobre el daño que sufrió la esencia de nuestra Constitución a raíz de la reforma al poder judicial, promulgada en 2024.

El gran politólogo italiano Giovanni Sartori distinguía entre tres tipos de constitución: la “garantista”, aquella que, como indica su nombre, garantiza las libertades y los derechos de los ciudadanos; la “nominal”, en la que solo los detentadores del poder resultan beneficiados; y la de “fachada”, caracterizada por disfrazarse de garantista, pero en realidad las libertades y derechos de las personas en ella, son “letra muerta”. (Giovanni Sartori, Elementos de Teoría Política. Alianza Editorial. Madrid, 1992. Pp.21-22)

En una república, el equilibrio de poderes, los contrapesos institucionales y, particularmente la independencia del poder judicial, son fundamentales para que una constitución garantice los derechos humanos. Si el poder judicial no es independiente del poder ejecutivo, las libertades y derechos de las personas no se pueden garantizar, aun cuando se tenga una constitución.

La reforma al poder judicial en 2024 se disfrazó de avance democrático. Hizo creer que al elegir por voto popular a los ministros, magistrados y jueces que conformarían el poder judicial, México se volvería más democrático con juzgadores“más cercanos al pueblo” y con ello se garantizaría una mejor impartición de justicia.

La repartición de acordeones desde las oficinas de distintas instancias de gobierno, que contenían una lista de personajes ligados a su partido, por las que 6 millones de personas votaron en las urnas en 2025, nos hizo ver las verdaderas intenciones de la reforma: quitarle la independencia al poder judicial para subordinarlo al poder ejecutivo.

Si bien México nunca ha sido ejemplo mundial de respeto a los derechos humanos, hoy nos encontramos más alejados de vivir en un “Estado de derecho” en el que “todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos”, tal y como está establecido en el primer artículo de nuestra constitución.

La reforma al poder judicial y su desenlace pone en riesgo sucarácter garantista.

Por otra parte, hemos fallado en la educación (formal, no formal e informal) para generar una cultura de la legalidad.

La filósofa Ikram Antaki dijo que el derecho es nuestro “talón de Aquiles”, porque “no hemos interiorizado el derecho. Aún negociamos hasta con el semáforo (con la ley de tránsito). Cuando se interioriza el derecho, no necesitamos tener una macana enfrente de la cara para obedecer la ley. Lo hacemos porque es parte de nosotros”(https://www.ivoox.com/manual-del-ciudadano-contemporaneo-audios-mp3_rf_2376379_1.htmlMinuto:10:44)

Sin ciudadanos no hay democracia, y un ciudadano es aquella persona que tiene conciencia de sus derechos (con sus correspondientes obligaciones) y los ejerce.

Si no existe tal interiorización o conciencia de nuestros derechos y el respeto a las normas o leyes que nos rigen, cualquier grupo gobernante con intenciones de perpetuarse en el poder hará de nuestra “carta magna” una “pseudo constitución”, una “constitución trampa”, o una “constitución de fachada”, como las denominaba el profesorSartori.

PD. Este jueves 5 de febrero a las 10:00 en Profética (3 sur 701, centro de Puebla) se presentará la Red Civil por la Democracia, una agrupación que busca reanimar y fortalecer a aquella parte de la sociedad civil que contribuye al análisis, el debate, la crítica y el diálogo sobre la situación que guardan las libertades, los derechos humanos y la democracia en nuestra entidad. Comenzamos con un tema vital para nuestra democracia: el derecho a la libertad de expresión.

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