Sebastián Godínez Rivera

México nuevamente está insertado en el debate de una reforma electoral, luego del rechazo a la iniciativa constitucional presentada por Claudia Sheinbaum, se anunció un nuevo proyecto que se ha denominado Plan B. Los morenistas tienen una obsesión por reformar el sistema y el régimen electoral, trastocan la designación de consejerías, fórmulas de representación, financiamiento público, la burocracia y el modelo de comunicación e ignoran el tema de la fiscalización, el cual ha sido espinoso para todos los partidos políticos.

El debate es el mismo: quieren que el INE a través de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) investigue, sancione, retire candidaturas y transparente los recursos de los sujetos obligados, pero sin mayores recursos económicos, humanos y sin herramientas tecnológicas. En el sistema electoral mexicano se estableció que los partidos son financiados con dinero público para evitar que grupos de presión y de poder tengan injerencia en la designación de candidaturas (ya quedamos rebasados).

El tema central es cómo hacer para que los partidos no incurran en estos comportamientos ilegales, la respuesta puede verse desde diversas aristas como: penas más severas, retiro del registro, anulación de candidaturas, etc algunas de estas ya se hacen, pero el problema versa en el primer punto. Durante años las autoridades administrativa y jurisdiccional han suavizado las penas a los partidos políticos, incluso en el seno del Consejo General del INE consejerías han señalado que se trata de castigar, no de premiar.

Los institutos políticos son recurrentes en estas acciones porque saben que las penas son mínimas o las investigaciones terminan truncadas. Por lo tanto, existen dos formas para hacer frente a esta problemática:

  1. Los partidos deben adquirir conocimiento técnico en materia de fiscalización, osea, lean el Reglamento de Fiscalización, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y las sentencias y jurisprudencias emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial.
  • Conocer sobre casos comparados en todo el mundo donde las penas y las investigaciones llegaron a última instancia lo que inhibió el comportamiento infractor.

La segunda es más interesante y sobre eso versa este texto. En Colombia, el Consejo Nacional Electoral (CNE) inició una investigación contra el actual presidente Gustavo Petro por recibir financiamiento ilícito en su campaña, el capital era administrado por su hijo. A pesar de los intentos del ejecutivo por intimidar a los miembros del CNE y amenazar con su destitución, la autoridad continuó con las sanciones, por lo que el partido del presidente, los sindicatos y las empresas privadas debieron pagar cantidades millonarias.

Otro caso es el de Francia con el expresidente Nicolas Sarkozy, quien pasó tres semanas en prisión, ahora se encuentra en libertad condicional, por haber recibido financiamiento para su campaña presidencial del dictador libio Muammar Gaddafi. Los fiscales dijeron que el entonces ministro del Interior pactó con Gadhafi apoyo financiero a cambio de respaldar al régimen libio en el escenario internacional. Las acusaciones mencionan maletas llenas de efectivo, espías libios, traficantes de armas y un intrincado flujo de dinero que habría atravesado varios países.

Sarkozy se convirtió en el primer presidente de Francia en ir a prisión de la era moderna. A pesar de haber quedado en libertad condicional el estado de derecho francés reafirmó su autoridad de que todos los casos son investigados, incluso luego de haber ejercido el máximo cargo de poder en el país. Aunque el expresidente insiste en que es inocente, lo cierto es que la ley se hizo valer.

En la vecina Alemania, pero en 1999 la Unión Demócrata Cristiana (CDU) fue epicentro de un escándalo de donaciones por financiación ilegal en la que se vieron involucradas cuentas secretas, donaciones ocultas y dinero en efectivo no declarado, bajo el liderazgo del ex canciller Helmut Kohl. El caso no solo hizo caer al partido en las encuestas de ese año sino que forzó la dimisión de altos cargos del partido como Kohl quien era presidente honorario y el titular del partido Wolfgang Schäuble.

Los señalamientos se extendieron a otros miembros del partido en todo el país quienes declararon que el partido tenía cuentas secretas desde 1983. Luego de meses de investigación se determinó que el dinero provenía de un fondo fantasma ligado a la compra y exportación de tanques a Arabia Saudita.  Wolfgang Thierse, entonces presidente del Bundestag, multó a la CDU con una suma récord de 41 millones de marcos alemanes debido a informes defectuosos e infracciones en materia de financiación de partidos.

Por último este caso es uno de los más emblemáticos a nivel mundial porque involucró a la petrolera Odebrecht en el financiamiento de campañas políticas en Colombia, República Dominicana, Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador, Panamá y México. La empresa no solamente sobornó a altos funcionarios de varios países como en el caso del brasileño Lula Da Silva o a los peruanos Alberto Fujimori, Ollanta Humala y Alan García.

En otros países como Colombia, Eduardo, Panamá y México se identificó que el dinero se usó para favorecer la contratación de dicha empresa en obras públicas, pero también se financiaron campañas como en el caso mexicano. En varias naciones la justicia no solamente investigó sino que llevó a la cárcel a varios ejecutivos como Da Silva y en algunos casos los culpables se suicidaron como Alan García.

Mientras que Juan Manuel Santos, entonces presidente de Colombia, Danilo Medina de República Dominicana, Rafael Correa del Ecuador, Nicolás Maduro de Venezuela y Enrique Peña Nieto de México fueron señalados, no sufrieron consecuencias. Sin embargo, en estas naciones el dinero ilícito estaba ligado al financiamiento de campañas electorales. Fue uno de los escándalos de corrupción transnacional y transcontinental porque los señalamientos alcanzan a varios gobiernos africanos.

En conclusión, los actores políticos siempre buscarán evadir las reglas y maximizar sus beneficios ya sea por mecanismos legales o ilegales, sin embargo, es la capacidad de las instituciones lo que permite o inhibe estos comportamientos. Cómo se muestra en algunos casos fueron las autoridades electorales, según el diseño institucional, las que sancionaron a personajes poderosos a pesar de las presiones, en otros esto no se logró porque el caso les rebasaba, pero los casos señalados con antelación son ejemplos de buenas prácticas para fiscalizar el gasto de los partidos políticos.