Sebastián Godìnez Rivera

Durante muchos años la televisión mexicana transmitió comerciales para recordarnos el cambio de horario, el cual fue abolido en el sexenio de López Obrador. En dichos comerciales aparecía un reloj con la pista de las cuatro estaciones de Vivaldi y un reloj, en eso aparecía una voz en off que decía “que no se te olvide, este día adelanta tu reloj”. En 2026 ya nos adelantaron el reloj, cortesía de todos los partidos políticos.

En las últimas semanas Morena anunció las fechas para la designación de los Comités de la Defensa de la 4T, el PRI hizo lo propio con los Defensores de México, también le siguió Acción Nacional con los Defensores de la Patria y Movimiento Ciudadano hace lo propio en Nuevo León. Nos adelantaron el reloj otra vez, en 2023 el oficialismo se inventó los famosos procesos políticos y estos fueron avalados por el INE y el Tribunal Electoral.

La única diferencia es que ahora todos los partidos están jugando bajo esas reglas anticipadas, lo cual es deplorable porque en México los institutos políticos no respetan la ley, pero con el argumento de los procesos políticos, ahora todos están en la misma sintonía. El país seguro está a las puertas de otro bombardeo de defensores y comités que no son más que vulgares precandidaturas y en algunos casos candidaturas disfrazadas.

Es cierto que la oposición juega en el mismo terreno del oficialismo, claro que ya no se dejaron sorprender como la primera vez, sin embargo, esto no abona en nada a la democracia, al contrario, desde la sentencia que validó las campañas anticipadas esta quedó lastimada. Es deber de las autoridades electorales defender y cuidar el imperio de la ley, así como garantizar condiciones de competencia íntegras para las y los competidores.

Lamentablemente algunos perfiles en el INE y el Tribunal Electoral han optado por cambiar el chaleco institucional o las togas por chalecos guindas. Es claro que las autoridades electorales toman decisiones de acuerdo a diversos criterios, sin embargo, cuando estos ya no distinguen entre la ideología, preferencia política o presión el problema es más profundo. Si bien los actores políticos transgredieron las normas lo hicieron con el beneplácito de los árbitros que en teoría debían inhibir estas conductas.

El 2026 será un año tedioso para el seguimiento de las elecciones empezando por las campañas anticipadas, ah no procesos políticos. En medio de una reforma electoral rechazada y un plan b en el limbo, hay una variable que Morena debe considerar en sus procesos políticos y que seguramente no podrá maquillar como lo hizo en el proceso de corcholatas con Manuel Velasco y Gerardo Fernádnez.

El Partido Verde también presentó su propia lista de aspirantes a las gubernaturas, sin embargo, el partido del tucán no aceptará que sus fichas sean testimoniales, sino que tiene perfiles competitivos como Ruth González para San Luis, esposa del gobernador Gallardo. Si Morena intenta incluirlos en la contienda interna, pero los deja fuera como es su costumbre, entonces su aliado podría aumentar las fisuras internas, después de todo ya les demostró que por sí solo si es competitivo.

Para el oficialismo que en las últimas semanas ha sido objeto de fuego amigo, tensiones y derrotas propiciadas por sus aliados para Morena se ha activado otro reloj, el de la implosión. Cómo una hipótesis es posible que el proceso electoral de 2027 ahonde en ellas rupturas internas entre partidos, sino también entre candidatos perdedores y hasta gobernadores que aspiran a blindar su herencia de impunidad.

Incluso el consejero electoral Arturo Castillo llegó a decir en el Consejo General en la sesión del 27 de marzo  que el país estaba en la antesala de procesos adelantados. Destacó que la Sala Superior avaló los procesos políticos en 2023, pero que el INE debería emitir a la brevedad lineamientos para fiscalizar los recursos y vigilar que los partidos políticos no violen las condiciones de equidad en la contienda.