Por Enrique Cárdenas Sánchez

Por varias décadas, la defensa de los derechos humanos en México ha sido una lucha de muchos grupos de la sociedad y, en ocasiones, de algunas instituciones creadas para defenderlos. También hemos sido testigos de inefectividad institucional que ha derivado frecuentemente en una amplia gama de derechos que han sido transgredidos a lo largo de años.

Al conmemorarse el Día Internacional de los Derechos Humanos, México tiene poco qué celebrar. Aún y cuando el artículo 1° de la Constitución establece que los derechos humanos son el pilar y fundamento del Estado mexicano, su incumplimiento ha sido y continúa siendo más la regla que la excepción, lo que ha impactado en el desarrollo del país. A pesar de contar con una larga historia a favor de la construcción y el fortalecimiento institucional, estrategia que en los últimos años derivó en un mejor desempeño de muchos organismos en el país, así como de ser signatario de varios acuerdos internacionales que promueven y propician el respeto de los derechos humanos, la realidad actual pone en evidencia las prioridades del gobierno que han disminuido o incluso eliminado sus posibilidades para garantizar estos derechos.

En la actualidad, inmersos en un entorno opacado por la pandemia y por un gobierno federal que se ha focalizado en desmantelar, debilitar o desaparecer instituciones, la violación a los derechos humanos se ha hecho mucho más evidente. El balance de esta violación refleja una realidad desoladora y poco alentadora para las generaciones actuales y futuras. Con relación, por ejemplo, al derecho a la vida, la seguridad y la integridad de las personas, la organización Signos Vitales documentó que del año 2018 al 2020 se ha registrado la mayor cantidad de homicidios dolosos en la historia del país (entre 33 mil y 34 mil homicidios dolosos anuales) y, de mantenerse la tendencia, 2021 podría ser el año más violento.

En relación con el derecho a la libertad y a la libre expresión, la situación es igualmente delicada. Al cierre de 2019 se encontraban privadas de la libertad más de 180 mil personas en los centros penitenciarios y cerca de ml 500 adolescentes internados en los centros especializados de tratamiento o internamiento. De igual manera, la organización Artículo 19 reportó que de enero de 2000 a octubre de 2021 se han cometido 145 asesinatos contra periodistas por razones posiblemente relacionadas con su labor. De estos, 25 se han registrado durante el sexenio de López Obrador.

En lo que refiere al tema de los derechos humanos frente a las políticas y los megaproyectos del gobierno actual, de acuerdo con el informe anual de actividades de la Guardia Nacional, durante 2020 se registraron cerca de siete mil tomas de casetas en carreteras de jurisdicción federal. De ellas, la Guardia Nacional solo participó de manera efectiva en 360, el 5.3 por ciento. Así, las obras de infraestructura más emblemáticas de la actual administración federal cuentan con diversas denuncias sobre temas económicos, ambientales, presupuestales, sociales y laborales. En prácticamente los tres principales proyectos: Tren Maya, aeropuerto Felipe Ángeles y la refinería de Dos Bocas, se han detectado quejas interpuestas por los trabajadores y sus sindicatos, quienes reclaman el respeto a sus derechos laborales y su seguridad en el trabajo.

Esta violación de derechos ha avanzado a tal grado que áreas básicas como la salud, la educación o el combate a la pobreza, y la calidad del ambiente, hoy se encuentran condicionadas a un estancamiento y a una acumulación de rezagos, mismos que impactarán en la población por varias décadas. A pesar del esfuerzo que se hizo por reducir la carencia por acceso a la alimentación desde 2014, en 2018 y 2020 hay un aumento del número de personas con esta carencia. De acuerdo con la ECOVID–ED, más de dos millones personas entre tres y 24 años no estuvieron inscritas en el ciclo escolar 2020–2021 por motivos asociados directamente a la pandemia de COVID–19 y alrededor de dos millones, por falta de dinero o recursos.

La vulneración permanente de los derechos humanos en México refleja, entre otras cosas, las prioridades del Estado. La expectativa de un gobierno que prometía defender y beneficiar a los más desprotegidos, ha sido un desencanto para los mexicanos, afectando primordialmente a los más desprotegidos y a las instituciones que sirven de contrapeso a las decisiones del Ejecutivo.