Ciudadanas y ciudadanos de México:

Estoy aquí para alzar la voz con la fuerza de la historia, con la indignación que despierta la injusticia, y con la certeza de que defender al Poder Judicial es defender la democracia misma.

No tengamos miedo de decirlo como es: la reforma judicial impuesta en 2025 fue un golpe de Estado constitucional. Fue el secuestro legalizado del último contrapeso del poder presidencial en México. Para realizarlo se recurrió a la corrupción.

Pregunto: ¿Los mexicanos quieren continuar viviendo en y de la corrupción? ¿si la reforma que desmanteló la independencia judicial se hizo corrompiendo y comprando votos, amenazando legisladores, es democrática? ¿Eso querían los mexicanos? ¿Renunciar a su poder democrático?

Hoy, los que celebran la reforma como una victoria democrática, son los mismos que destruyeron la autonomía judicial. Son los que mintieron, desprestigiaron, manipularon y corrompieron el debate público para justificar la captura del Poder Judicial Federal. Dijeron que el sistema estaba podrido, cuando en realidad les estorbaba porque protegía a las y los mexicanos de los abusos del poder.

A quienes aplauden esta «renovación judicial», les decimos:

Ustedes no han construido una justicia imparcial, han edificado una maquinaria para castigar al disidente y a los periodistas, para blindar al poder, para legitimar la arbitrariedad.

Hoy, este país está en manos de una sola persona. Sí, una mujer ha llegado al poder. Pero no confundamos el avance simbólico con el retroceso institucional. Claudia Sheinbaum no lidera una democracia moderna; conduce un proyecto autoritario, centralista, que va en sentido contrario a la historia.

Nos dijeron que el pueblo elegiría a sus jueces. Mentira, sus jueces fueron impuestos con manipulación, propaganda, sin debate, sin equidad, con recursos del Estado, con clientelismo y con control. No fue una elección. Fue una imposición.

Desde JUFED lo decimos: combatiremos esas elecciones en el ámbito internacional, en las cortes de derechos humanos, en los foros diplomáticos, en cada espacio donde la legalidad tenga voz.

Lo haremos porque no hay Estado de derecho posible cuando los jueces responden a intereses partidistas. Porque no hay garantía para las inversiones, para las empresas, para la generación de empleo, cuando la justicia está al servicio del capricho presidencial.

Hoy, ni los empresarios, ni los profesionistas, ni las comunidades podrán sentirse seguros. Porque cualquier decisión puede ser anulada, revertida o perseguida sin defensa judicial efectiva.

La Comisión Europea y las Naciones Unidas han documentado que en países como Polonia, Hungría y El Salvador, donde el poder ha cooptado a los jueces, existe un retroceso en derechos humanos y libertades. En Polonia se dijo: «Cuando el Ejecutivo controla al Judicial, deja de haber garantías. Y cuando desaparecen las garantías, el ciudadano está solo frente al Estado.»

En julio de 2024, la relatora especial de la ONU sobre la independencia judicial, advirtió al Estado mexicano que la elección popular de jueces «podría poner en riesgo la independencia e imparcialidad del sistema judicial, ya que las consideraciones políticas podrían fácilmente priorizarse sobre los méritos objetivos de un candidato».

En su informe posterior a las elecciones judiciales, el grupo de observadores de la Organización de los Estados Americanos -la OEA- concluyó que «no recomienda la adopción del modelo mexicano de elección judicial en otros países de la región», advirtiendo que dicho proceso no garantizó condiciones de equidad, transparencia ni competencia real entre los postulantes.

Los juzgadores no se pueden elegir así, sino por carrera judicial.

Las elecciones no fueron legítimas, no hubo condiciones mínimas, el INE avaló un proceso sin garantías de equidad ni transparencia, comprometiendo así su función constitucional. Esta omisión pone en duda su capacidad para garantizar procesos electorales confiables en el futuro, incluso los de autoridades ejecutivas y legislativas. Las elecciones judiciales de 2025 son el inicio de un proceso de degradación institucional.

El verdadero proyecto del oficialismo es consolidar un sistema autoritario que ha depredado todas las instituciones autónomas.

No nos engañemos: la democracia imperfecta que teníamos funcionaba. Por eso les estorbaba. Por eso la demolieron. Porque el derecho se convertía en límite para sus ambiciones.

Y si hoy no reaccionamos, si hoy no nos convertimos en una insurgencia cívica para proteger el Poder Judicial, en 2027 ya no tendremos país que defender.

No puede haber elecciones judiciales en 2027 porque es un modelo que ya ha sido descalificado por observadores internacionales, que ha generado ceses arbitrarios y que ha puesto en duda la legitimidad del Poder Judicial.

Esto no es un debate exclusivo de la vida nacional: es un tema internacional. México ha violado compromisos asumidos en tratados como el Pacto de San José, y ha dejado de ser un país confiable ante la comunidad internacional. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea han expresado su preocupación por la desaparición de los contrapesos institucionales en nuestro país.

Presentaremos reportes documentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y activaremos los mecanismos jurídicos nacionales e internacionales disponibles para frenar esta regresión democrática.

Hoy aquí les pido, levantemos la voz por los juzgadores que supieron decir no al poder, de aquellos que defendieron los derechos de las y los mexicanos cuando era más fácil callar, pues fueron obligados a jubilarse y a retirarse por esta reforma injusta. Su retiro no fue voluntario, fue una purga institucional sin ética ni legalidad.

Aquí les decimos, son guardianes de una historia judicial que no vamos a dejar que se pierda, su voz, su testimonio y su respaldo son fundamentales para recuperar el Estado de derecho. Les pedimos que se sumen públicamente a esta lucha: la república también les pertenece.

Sabemos que son objeto de venganza, muestra de ello, el gobierno se apoderó de los recursos destinados para las indemnizaciones de los juzgadores. Por ello, exigimos que Nafin cumpla con las suspensiones y el gobierno regrese esos recursos. Que nadie de por hecho que no habrá acciones legales y políticas. 

A las personas juzgadoras aún activas les decimos: este también es su momento. Sabemos que muchas de ustedes enfrentan presiones, amenazas veladas o incertidumbre. Les pedimos que no guarden silencio, que se sumen a esta defensa con la dignidad que siempre ha caracterizado a la carrera judicial. Nadie les exige arriesgar su seguridad, pero sí les pedimos que no renuncien a su responsabilidad histórica. Su presencia y su palabra pueden marcar la diferencia entre la sumisión y la reconstrucción institucional.

Ahora les hablo a los ciudadanos: ustedes también son las víctimas. Sus hijos crecerán sin garantías, sin tribunales independientes, sin contrapesos. Hoy, cada uno de ustedes ha perdido una protección silenciosa pero poderosa: la posibilidad de tener un juez que no obedezca órdenes.

Y aprovecho desde aquí para expresar nuestra solidaridad a los trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México. Resistan.

A todos los aqui presentes y que nos escuchan en otras ciudades, desde JUFED les aseguramos que continuaremos con esta lucha por el Estado de Derecho a la que les llamamos a sumarse. Nos organizaremos, denunciaremos, propondremos, y no nos doblegaremos.

Porque la historia no se construye desde la sumisión. Porque la república se defiende con coraje, con razón y con palabra.

Hoy, la palabra es nuestra. Y es una sola: “justicia”.

Muchas Gracias.