Sebastián Godínez Rivera

Colombia y el mundo se despertaron con la noticia del fallecimiento del senador y precandidato presidencial del partido Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, quien fue baleado en un evento de campaña. La familia Turbay ha estado marcada por la violencia; el joven aspirante, es nieto del ex presidente, Julio César Turbay que gobernó Colombia entre 1978-1982.

Hijo de la reportera, Diana Turbay Quintero, que fue secuestrada y asesinada por miembros del Cartel de Medellín en 1990 por órdenes del capo, Pablo Escobar. La razón, presionar al entonces presidente Gaviria para evitar la extradición de dos criminales. Fue engañada con el argumento de entrevistar al Cura Pérez, comandante del Ejército de Liberación Nacional. Recordemos que durante los años ochenta y noventa, la guerrilla colombiana tuvo un auge en la política, convirtiéndose en un grupo de presión.

Diana fue raptada por los capos y en 1991; de acuerdo a la versión oficial miembros de la policía se encontraron con los criminales por error y se abrió fuego. Sin embargo, en el intercambio de balas  fue herida. A pesar de haber sido transportada a un hospital, murió.. Lamentablemente, tres décadas después su hijo sería asesinado a principios del proceso electoral colombiano rumbo a 2026 y en un clima de violencia y polarización.

El país sudamericano ha forjado su democracia a base de balas, Turbay no es el primer aspirante asesinado, sino que la historia de la democratización ha estado marcada por la sangre. En un texto anterior, acuñé el término “democracias ensangrentadas”, para referir a los casos de países que han sido víctimas de magnicidios. Por ejemplo, Estados Unidos encabeza la lista con el asesinado de los presidentes Abraham Lincoln y John. F. Kennedy y los atentados contra los ejecutivos  Ronald Reagan (1981), Gerald Ford (1972) y Donald Trump como candidato en 2024.

Sin embargo, al tratarse de candidatos presidenciales la lista es más extensa en el caso de Latinoamérica. En 1994 en México, fue asesinado Luis Donaldo Colosio en Lomas Taurinas Baja California; en 2024 Fernando Villavicencia fue baleado en el Ecuador; o en Brasil, el entonces candidato, Jair Bolsonaro fue apuñalado en el estómago. Empero, Colombia es de las pocas naciones que tiene una larga lista de candidatos y dirigentes asesinados.

Rafael Uribe Uribe, dirigente liberal fue asesinado en 1914; le siguió en 1948 Jorge Eliécer Gaitán en 1948 ya como presidente, por mencionar algunos antecedentes. Cabe destacar que en 1985 el país enfrentó una de las crisis más brutales en su historia, el grupo guerrillero M-19 tomó el Palacio de Justicia y magistrados, empleados y burocracia fueron rehenes. La policía se enfrentó a los terroristas, el evento dejó 101 personas fallecidas, entre ellos 11 magistrados.

La toma de 1985 no solo fue catalogada como un acto terrorista, sino que fue la antesala de cómo la guerrilla podía mermar al Estado. Sin embargo, el crimen organizado entraría a escena para sembrar el miedo en medio de un proceso electoral.  Durante la segunda mitad del siglo XX, Jaime Pardo Leal, candidato presidencial de la Unión Patriótica fue asesinado por sicarios en 1987. En 1989, Luis Carlos Galán, era el favorito para ganar la presidencia, pero fue asesinado por órdenes del Cartel de Medellín.

Galán prometió combatir la corrupción y el narcotráfico; su célebre discursos de 1989 se caracterizó porque prometió que las y los colombianos tuvieran un país libre y seguro. Un año después, Bernardo Jaramillo Ossa fue asesinado por un sicario, era miembro de la Unión Patriótica; recibió disparos en la cabeza, hasta la fecha se desconoce quién fue el autor intelectual.

En el mismo año, Carlos Pizarro Leóngomez, ex combatiente de la guerrilla M-19 murió en un accidente de avión. El proceso electoral de 1990 fue uno de los más violentos de la historia y de los que exaltó el nivel de violencia del crimen organizado contra figuras de los partidos políticos. Los años noventa fueron para ese país muestra de la descomposición social y un escenario en el que los criminales mostraron su músculo contra el Estado.

Para los comicios de 1995, Álvaro Gómez fue asesinado; fue uno de los firmantes de la nueva Constitución de 1991. Fue hasta 2020 cuando la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) reconoció que ellos perpetraron el asesinato. Sin embargo, 2025 sería un año de quiebre para Colombia tras el asesinato de Miguel Uribe, candidato de afiliación liberal.

Su asesinado perpetrado por un joven de 14 años no solamente paralizó a un país, puesto que Uribe se debatió entre la vida y la muerte durante dos meses. Este hecho ha obligado a repensar las limitantes que tienen los estados para hacer frente a la ola de violencia en el mundo. En diversas latitudes se ha vuelto común que la violencia forme parte de los procesos electorales; la democracia ha perdido uno de sus pilares, el cual es que la competencia por el poder sea por la vía pacífica.

Acechada por grupos de poder, como el crimen organizado, las democracias se tiñen de rojo, producto de la violencia que muestra la incapacidad de los Estados para garantizar seguridad y con ello, mandan el mensaje de que el crimen puede poner o quitar a quien desee. Es un hecho lamentable y preocupante, porque cada vez el crimen organizado se convierte en una variable que marca los procesos electorales.