Alejandro Guillén Reyes

El proyecto de la construcción de un sistema de transporte por cable (conocido como “Cablebús”) en la ciudad de Puebla es, hasta el momento ylamentablemente, un proyecto opaco, pues carece de la transparencia mínima requerida para toda obrapública; y más transparencia debe haber aún si se trata de un proyecto que, además de ser muy costoso(casi 7 mil millones de pesos), es potencialmente de enorme trascendencia para la vida cotidiana de la Angelópolis.

En efecto, a la solicitud realizada por la ciudadanía de copias simples de la totalidad de estudios que sustentaron la implementación del Cablebús, el gobierno de Puebla decidió reservar la informaciónhasta por 5 años, ya que divulgar dichos estudios y proyectos “causarían daño al interés del Estado”.

Los cuestionamientos son obligados: ¿qué “interés del Estado de Puebla” se estaría dañando si académicos, periodistas, sociedad civil y ciudadanía se informan sobre los documentos que deben sustentar el proyectodel Cablebús? Frente a las sospechas de opacidad,¿por qué el gobierno no hace público el análisis de la “prueba de daño” con la cual están justificando la reserva de la información?

Por si fuera poco, el proyecto ha generado fuertes cuestionamientos por incumplir con una serie de procesos contemplados en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de Puebla, entre ellos, la vigencia de la Carta Urbana. Primero elaboraron el proyecto del Cablebús e hicieron pública su ejecución,y ahora quieren modificar los ordenamientos legales.Así no funciona el Estado de Derecho en el que se supone vivimos.

Al observar todo esto, quienes cuestionan con argumentos el proyecto se encuentran solos frente al aparato gubernamental cuyas invitaciones a “debatir” y a “participar” parecen más provocaciones y burlas hacia quienes se preocupan por la movilidad y el medio ambiente en Puebla que una genuina apertura para dialogar franca y abiertamente, y llegar a acuerdos que sean producto de la participación ciudadana en un régimen presumiblemente democrático.

Todo esto transcurre como si no hubiera instituciones obligadas a proteger el derecho a la información de esta obra pública. Aunado a esto, ¿alguien tiene idea de lo que hace actualmente el Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla?, ¿qué dice a todo esto la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno que se supone asumió las funciones del desaparecido Instituto de Transparencia? Y mis amigas y amigos del Comité Estatal de Participación Ciudadana del mencionado Sistema ¿qué acaso no debieron ya de haberse pronunciado públicamente (de maneracolegiada o por separado) sobre el tema? ¿Ya abordaron este tema en las sesiones del Comité Coordinador y de la Comisión Ejecutiva? Lapresidencia y la secretaría del Sistema ¿qué información han procesado sobre este asunto? Enestas circunstancias, aprovecho para preguntarles ¿cómo va el logro de los objetivos de corto, mediano y largo plazo de la Política Anticorrupción en Puebla que se aprobó en 2021?

Hay que decirlo: el proyecto del Cablebús, hasta ahora, es una muestra de que, en Puebla, en materia de transparencia, combate a la corrupción y respeto al Estado de Derecho, vamos para atrás.

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