Sebastián Godínez Rivera

Las elecciones peruanas continúan dando mucho de qué hablar debido al comportamiento de sus actores políticos, la autoridad electoral y la legitimidad. Los comicios son el mecanismo para dirimir conflictos a través de la vía pacífica, sin embargo, también revisten de legitimidad a los cargos que resultan electos, por lo tanto, hay un reconocimiento de quienes tienen más votos ejercen el poder, pero a su vez los derrotados pueden presentarse nuevamente y disputar los cargos.

En Perú esta premisa es ignorada por las diversas candidaturas, no es novedad sino que las élites hacen uso de la fragmentación y el poder que tiene para quitar presidentes. Para muchos el regreso del Senado a la vida peruana será estabilizante, pero esto es una creencia sin elementos. Como se ha diagnosticado en varias ocasiones, la constitución de ese país considera la incapacidad moral como una razón para destituir presidentes.

La facilidad con la que el congreso quita presidentes habla de ejecutivos débiles, pero un parlamento con amplio poder para alinear intereses de diversas facciones y vacar el poder. Los congresistas del Perú han estado anclados a sus intereses, es decir, no responden a la ciudadanía y tampoco actúan con visión de estado para garantizar estabilidad. El sistema de partidos atomizado imposibilita que un gobierno logre la mayoría, a menos que sea a través de acuerdos o intercambios como ocurrió con Dina Boluarte y su coalición con Fuerza Popular de Keiko Fujimori para mantenerse en el poder.

Sin embargo, al sumar el mal diseño institucional y las facciones partidistas se obtiene un problema de fragilidad del sistema político puesto que el poder reside en los actores y no en las instituciones. No obstante, estos elementos no son los únicos que hacen al Perú un país inestable, sino que en la ecuación deben incluirse: los percances en la organización de comicios y la actitud autoritaria de las y los competidores.

El primero se debe a que durante la jornada no se pudieron establecer algunos centro de votación lo que llevó a extender el plazo de sufragar hasta el lunes, también hubo problemas para la entrega de papelería electoral y el sistema para computar actas es muy lento. Bajo estos eventos la ciudadanía y los actores políticos más escépticos de la democracia consideran que se está gestando un fraude, ante este panorama las autoridades electorales no han utilizado una comunicación efectiva que disuelva dichas afirmaciones.

El segundo elemento tiene que ver con el comportamiento de los actores políticos que desde el día de la jornada ya estaban proclamando que eran víctimas de fraude como el ultraconservador, Rafael López Aliaga. El derechista amenazó al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que tenía 24 horas para anular las elecciones o llamaría a la insurgencia civil.

También el izquierdista Roberto Sánchez Palomino que logró entrar a la segunda vuelta por un punto porcentual. Sus seguidores han llamado a movilizarse para defender el voto y en algunas ocasiones ha señalado que deben llamar a un constituyente y que los indígenas tomen las posiciones que les corresponden de las cuales han sido excluidos durante años.

En ambos casos los candidatos han llamado a desconocer las vías institucionales lo cual habla de una visión autoritaria, si me favorecen las tendencias los comicios fueron libres, sino gustan los resultados, entonces hubo fraude. Es posible rastrear que en algunos miembros de la élite política la democracia se entiende a conveniencia, por lo tanto, respetarla es cuestión de ganar o perder, más no de civilidad.

Cabe destacar que Keiko Fujimori de Fuerza Popular, la única de la que se tenía certeza que iría a la segunda vuelta, ha guardado las formas en el discurso, pero su proyecto político dista mucho de la estabilidad. Incluso durante las anteriores tres campañas electorales Fujimori llevó al límite la democracia, sobre todo en 2021 cuando perdió ante el izquierdista Pedro Castillo.

En ese sentido el problema del Perú va más allá del diseño institucional que debe ser diagnosticado a la luz de la tecnicidad para subsanar las lagunas que fortalecen a los actores. Sin embargo, el problema más severo tiene que ver con formar semilleros de demócratas en la ciudadanía y en los partidos políticos para dejar atrás la visión mercenaria donde los políticos optan por la gobernabilidad siempre y cuando reciban privilegios y prerrogativas.