El ordenamiento territorial se ha convertido en campo de disputa entre gobiernos y poblaciones

Assenet Lavalle

En la pasada ocasión di cuenta del proceso para la elaboración o la actualización de los programas municipales de desarrollo urbano en Puebla (https://alquimistasdelpoder.com/2026/05/04/cablebus-y-un-nuevo-pmdu-como-se-modifica-la-ciudad/), pero ¿qué sucede cuando las autoridades a cargo de estos procedimientos incurren en inobservancias frente a las normas? Aquí algunos casos interesantes de planeación territorial que fueron impugnados:

El 31 de marzo de 2021, el gobierno municipal de Tulum, Quintana Roo publicó el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial, Ecológico y Desarrollo Urbano Sustentable. Muy pronto este instrumento fue polémico por favorecer el crecimiento inmobiliario en un territorio ambientalmente vulnerable, a decir tanto de personas especialistas como de organizaciones y colectivos. Al mes siguiente, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) advirtió públicamente que el Programa contenía “faltas e incongruencias relevantes”, aparentes violaciones a las competencias federales y severos riesgos de deterioro ambiental en los ecosistemas costeros, en los cenotes y los acuíferos, hacia la flora y la fauna protegidos, además de potenciales afectaciones al patrimonio arqueológico. Por ello, el gobierno federal presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en mayo de ese año. Por sí mismo, esto constituyó un hecho inusual y un precedente importante en el país. En junio siguiente, la Suprema Corte suspendió el Programa mientras se resolvía el fondo del asunto, por lo que se frenó temporalmente la emisión de todas las autorizaciones urbanísticas. Hacia noviembre de 2022, la Corte declaró la controversia parcialmente fundada, es decir, reconoció la validez parcial del Programa, pero invalidó diversos componentes del mismo, relacionados con ciertas unidades de gestión territorial. El criterio central fue que la autoridad municipal sí excedió los límites competenciales.

El 17 de septiembre de 2022, el Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo publicó el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población Cancún. Al mes siguiente diversas personas organizadas presentaron juicios de amparo contra el Programa con diversos argumentos: vulneraciones al ambiente, ausencia de una consulta pública efectiva, falta de acceso a la información territorial y falta de estudios técnicos suficientes. El 26 de octubre de ese año, el Juzgado Segundo de Distrito concedió una suspensión provisional dentro de uno de los juicios promovidos, frenando así los permisos y las autorizaciones que pudieran afectar a los ecosistemas sensibles. Además, el juez exigió a la autoridad municipal explicar los estudios técnicos utilizados y las bases científicas que sustentaron al instrumento. En mayo de 2023 se concedió un primer amparo de fondo contra el Programa que lo dejaba sin efectos, ordenaba reponer el procedimiento, debía rehacer la consulta pública y dictaba garantizar el acceso ciudadano a los documentos del Cabildo. La medida también señalaba que el nuevo proceso tendría que considerar el Atlas de Riesgos, los instrumentos relativos a la movilidad, lo conducente al cambio climático y a la participación ciudadana efectiva y suficiente (se concluyó que no bastaba una consulta formal, sino que debía garantizarse el acceso a la información para que las personas revisaran y debatieran los documentos técnicos). El 28 de abril de 2025 la Jueza (Segundo de Distrito) resolvió otro amparo y declaró inválido el Programa. El fallo sostuvo que el instrumento estaba viciado. A mediados de mayo de 2025, algunos medios de comunicación publicaron la invalidez, pero el gobierno local sostuvo que, dado que la sentencia aún no era definitiva, el Programa seguía aplicándose. Para enero de 2026 un tribunal colegiado confirmó la suspensión del instrumento.

El 4 de octubre de 2018, el gobierno de San Andrés Cholula aprobó su Programa municipal. En mayo de 2019 las personas habitantes y las organizaciones de los pueblos originarios comenzaron litigios contra el instrumento, con el argumento central de que la autoridad no realizó una consulta amplia, libre e informada a las comunidades indígenas. En octubre de 2020 el Ayuntamiento dejó sin efectos el Programa. Los tribunales mandaron iniciar un nuevo proceso de planeación, realizar una consulta indígena y replantear el modelo territorial. El previo y el actual gobierno municipales propusieron un nuevo Programa, pero nuevamente carente de lo mandatado. Para octubre de 2023 los pueblos originarios nuevamente obtuvieron una suspensión provisional del proceso de actualización del instrumento, sin que hasta ahora el Ayuntamiento avance en el nuevo Programa.

Existen otro casos como el Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México que debido a las presiones jurídicas y sociales (entre las cuales la consulta pública deficiente fue importante) fueron frenados entre 2021 y 2022; los litigios contra diversos planes parciales de desarrollo urbano de Guadalajara entre 2008 y 2012; así como los litigios por cuestiones ambientales y del desarrollo urbano de ciertos municipios metropolitanos de Jalisco a partir de 2013 y hasta nuestros días, entre otros.

Como se puede notar, la planeación territorial municipal actual dejó de discutirse solo en oficinas técnicas, hoy se disputa con frecuencia en tribunales. El ordenamiento del suelo en las ciudades, particularmente las metropolitanas, se ha convertido en uno de los campos de disputa entre gobiernos, mercado inmobiliario y poblaciones afectadas ¿este será el caso de la capital poblana en el futuro?

X: @AssenetLavalle