Lilia Mónica López Benítez*

El riesgo de la reforma judicial de 2026 es consolidar el error que llevó al socavamiento del Poder Judicial a la concentración de los poderes en el presidencial. Lejos de corregir los errores del pasado, la reforma de 2024 y la propuesta en 2026 han profundizado una crisis estructural que compromete la independencia judicial, debilita los contrapesos constitucionales y erosiona la legitimidad democrática del Estado. El diagnóstico es claro: México vive una triple fractura institucional que amenaza la arquitectura misma de la justicia.

La primera fractura es la ruptura del pacto constitucional. La reforma de 2024 sustituyó la carrera judicial —un sistema basado en mérito, profesionalización y estabilidad— por un modelo electoral incompatible con la función jurisdiccional. La independencia judicial no es un privilegio institucional, es la condición que permite a personas juzgadoras federales resolver contra mayorías, gobiernos y presiones sociales. Electoralizar la judicatura equivale a someterla a las mismas fuerzas que debe controlar. La justicia no puede depender de campañas ni de simpatías políticas.

La segunda fractura es la erosión deliberada de las instituciones del Estado mexicano desde 2018. La desaparición o debilitamiento de organismos autónomos, la persecución selectiva de voces críticas y la reducción de espacios de deliberación pública han mermado la capacidad del Estado para vigilarse a sí mismo. Este deterioro creó el terreno fértil para aprobar una reforma judicial de alto impacto sin estudios técnicos, sin diálogo institucional y sin escuchar a quienes conocen la operación cotidiana de los tribunales. La erosión no fue accidental: fue acumulativa.

La tercera fractura, la más profunda, es el socavamiento del régimen democrático consolidado con la reforma de 2026. Aunque presentada como una corrección técnica, la reforma profundiza un modelo que debilita competencias constitucionales, insiste en desarticular la carrera judicial y deja a la judicatura atrapada entre incertidumbre operativa y presión política. Desde 2024 y hasta la fecha, se opera sin reglas claras, sin rendición de cuentas y sin una estrategia institucional definida. Un poder judicial sin certeza es un poder político sin freno.

El error de origen persiste: la reforma confunde democratización con electoralización. Democratizar un poder del Estado no significa someterlo a campañas, sino garantizar acceso a la justicia, transparencia, profesionalización y rendición de cuentas. La justicia requiere estabilidad, no ciclos electorales; imparcialidad, no competencia política; profesionalización, no propaganda electorera.

La experiencia internacional es contundente: los sistemas judiciales fuertes se sostienen en tres pilares —independencia, profesionalización y legitimidad democrática— y esta última no proviene del voto popular, sino de la capacidad del Poder Judicial para proteger derechos y limitar abusos. La reforma de 2024 subordinó la justicia al cálculo político; la de 2026 intenta administrar los escombros sin corregir el error estructural.

Reconocer esta triple fractura no es un mero ejercicio reflexivo, es un acto de responsabilidad democrática. México necesita una urgente reforma judicial, pero no una que encubra errores ni simule correcciones. Requiere una que reconstruya la carrera judicial, recupere la memoria institucional y devuelva a las personas juzgadoras la independencia necesaria para decir “no” cuando todos esperan un “sí”. Sin una judicatura independientes no hay derechos; sin derechos no hay ciudadanía; sin ciudadanía no hay democracia.

La justicia no puede esperar. México tampoco. Es momento de reconstruir, no de remendar; de fortalecer, no de simular; de devolver al Poder Judicial su papel como cimiento firme de un Estado que aspira a ser democrático y de derecho.