Palabra de Tigre

Por Humberto Aguilar Coronado

Tiene razón la presidenta Claudia Sheinbaum cuando afirma, a propósito de algunas desafortunadas expresiones sobre restringir el sufragio a un voto por familia.

La presidente afirmó que «El voto es el momento más democrático el día de la elección. Vale exactamente lo mismo el voto del hombre más rico de México que de la persona menos acaudalada. Es un voto igual el del joven de 18 años que el de la persona de 90 años. Todos somos iguales ante la ley y, si todos somos iguales, todos tenemos derecho a ejercer un derecho fundamental: decidir quién nos gobierna.»

Hasta ahí, la coincidencia es absoluta. La igualdad del voto es un principio innegociable.

Sin embargo, coincidir en el principio no exige validar la distorsión en el método de debate. No se puede pretender clausurar la discusión pública descalificando sistemáticamente cualquier propuesta incómoda bajo el catálogo habitual de adjetivos: «absurdas, antidemocráticas, regresivas, porfiristas o conservadoras».

Porque la pluralidad exige argumentos, no las etiquetas a las que nos tienen acostumbrados en estos gobiernos de cuarta.

Pero existe una contradicción aún más profunda. La igualdad teórica del voto democrático se quiebra cuando las condiciones de la contienda destruyen la equidad que debería imperar.

Para evaluar si el voto es genuinamente democrático en la práctica, basta contrastar el discurso con las dinámicas electorales actuales, en donde la equidad y neutralidad en los procesos electorales a la que está obligado el estado, se aparta cuando se sabe que existe un uso sistemático del presupuesto para promocionar candidaturas oficiales mucho antes de los tiempos legales.

Se sabe que el día de la elección, la participación libre y espontánea, se ve opacada por las operaciones millonarias de movilización y traslado de votantes.

La ciudadanía informada y consciente pierde ante la distribución de los conocidos «acordeones del bienestar» instruyendo por quién votar a todos aquellos que son susceptibles de ser presionados.

Los derechos constitucionales universales son vulnerados por el condicionamiento implícito y explícito del apoyo social, al voto por el partido en el poder.

La expresión de que «Cada ciudadano, es un voto» es derrotada cuando las instancias electorales aprueban una sobrerrepresentación legislativa donde el porcentaje de votos en las urnas no se refleja en la integración de las cámaras del congreso.

Si se exige una verdadera libertad del sufragio, se debe respetar a los votantes, porque mientras persistan las presiones sobre el electorado, el voto no puede ser plenamente democrático.

Para que la premisa de igualdad que defiende la presidenta sea una realidad y no solo una narrativa verbal, la ciudadanía debe votar en absoluta libertad: sin presión económica derivada de la vulnerabilidad social, sin chantaje político a través de la entrega de programas sociales; sin manipulación mediante «acordeones» o guías dirigidas y sin la coacción, ni el terror, ejercido por el crimen organizado en algunas regiones del país.

Si verdaderamente queremos fortalecer el peso de las mayorías respetando a las minorías para blindar la legitimidad del sistema democrático, debemos dar un paso hacia adelante en la madurez institucional.

Propongo que el voto sea obligatorio para todas y todos los ciudadanos mayores de 18 años.

Hacer del sufragio una obligación legal —como ocurre en diversas democracias consolidadas de la región y el mundo— transforma el derecho en un deber cívico compartido, en una obligación que se traduce en responsabilidad social para reducir los incentivos para la coacción, diluir el impacto de las maquinarias clientelares y exigir que el Estado garantice las condiciones de seguridad y libertad para todos por igual.

*Es politólogo