Sebastián Godínez Rivera

Abelardo de la Espriella se convirtió en presidente constitucional de Colombia y asumió el poder en medio de una polarización no antes vista. La disidencia es propia de toda sociedad, sin embargo, hay un margen entre la diversidad de pensamiento y la división que es lo que promovieron el expresidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda.

Desde la primera vuelta el gobierno de Petro denunció un supuesto fraude electoral y en un inicio Cepeda segundó. Luego reconoció su segundo lugar y declaró que vencería a la extrema derecha, cosa que no sucedió. El candidato de la izquierda aceptó la derrota, pero el ejecutivo no lo hizo y mantuvo la idea de un triunfo ilegítimo, lo que ha socavado la legitimidad democrática de un sector importante de la ciudadanía.

Pero el momento cúspide se dio el 7 de agosto cuando la oposición convocó a manifestaciones en ciudades como Bogotá, Barranquilla y Cali para desconocer el gobierno de de la Espriella. En un mítin, el candidato perdedor, Iván Cepeda, anunció que será la voz principal de la oposición y formará un gabinete paralelo para vigilar al gobierno. El autonombrado Gabinete por la Vida estará formado por personajes del gobierno saliente y supuestamente controvertirá políticas y argumentos del nuevo presidente.

Esto es llamativo porque existe una dosis de provocación por parte de la izquierda que acepta la derrota, pero por otro lado cuestiona la legitimidad que la ciudadanía dio al nuevo presidente en las urnas. Es un desconocimiento de las reglas y de la voluntad popular, propios de la democracia, que es “el que obtiene más votos gana”. Cepeda lo que hace es antidemocrático y raya en lo demagógico, porque insiste en continuar polarizando el país y que nada tiene que ver con el papel de la oposición al gobierno.

Cepeda desde la primera vuelta “aceptó” el resultado y básicamente no puede cuestionar la legitimidad del poder, puesto que de acuerdo a la ley colombia quien queda en segundo lugar tendrá un escaño como senador. El excandidato ocupa ese escaño en la legislatura, por lo tanto, aceptó legítimamente la derrota, incluso en la teoría política de Max Weber, la legitimidad legal proviene de las reglas que reconocen a los ganadores y perdedores. En ese sentido, Cepeda rompe con su vocación democrática.

Ahora bien, la formación del Gabinete por la Vida puede verse desde dos experiencias políticas, una ligada a los sistemas parlamentarios y la segunda a una visión demagógica. El primer ejemplo tiene que ver con los países donde el parlamento es garante de la soberanía y de ella emana el gobierno, como en Reino Unido, Alemania o España, y Colombia no es un parlamentarismo.

En algunos de los países que cuentan con este sistema se establece que la oposición forma un gabinete en la sombra, donde los legisladores opositores tienen un cargo paralelo a los ministros para vigilar las políticas públicas. Nuevamente los colombianos no cuentan con este diseño institucional para que se forme un equipo alterno. Pero la segunda visión tiene que ver con algo muy latinoamericano que es desconocer los resultados y en eso México tiene experiencia.

Durante la campaña presidencial de 2006 los candidatos de Acción Nacional, Felipe Calderón, y el izquierdista del Partido de la Revolución Democŕatica, Andrés Manuel López Obrador solo se encontraban a décimas de distancia. Cuando las autoridades electorales hicieron el cómputo Calderón venció a López por un margen pequeño, y lo que hizo el candidato de la izquierda fue convocar a marchas, anunció un plantón, se autoproclamó presidente legítimo y nombró un gabinete alterno.

Quizá la única diferencia es que Cepeda no se ha proclamado como ejecutivo legítimo, pero su acción tiene más cercanía con la de López Obrador, porque ambos cuestionan la legitimidad del nuevo presidente porque perdieron por márgenes estrechos. El delirio mexicano tiene mucho que ver con el delirio de la izquierda colombiana que insiste en tensar la relación con el gobierno porque la esencia de su malestar es la derrota.

Iván Cepeda que durante toda la campaña apeló al respeto, la democracia y el pluralismo ahora insiste en desconocerlo. Incluso llamó a ejercer la desobediencia civil pacífica, postulada por el filósofo estadounidense Henry Thoreau (1849) en el que su postulado central es “los individuos deben dar prioridad a su conciencia antes que a la obediencia a leyes injustas, argumentando que la sumisión pasiva a la autoridad gubernamental facilita la perpetuación de la injusticia”.

La base social de la izquierda considera que el gobierno de Abelardo de la Espriella es ilegítimo porque tiene doble nacionalidad, creen en un supuesto fraude y se niegan a reconocer la derrota. Aunque no se han anunciado las acciones concretas, lo cierto es que apelar a la desobediencia está ligado al desconocimiento de una autoridad que perpetúa la injusticia, pero si la derecha ganó en las urnas no debe existir un cuestionamiento de la legitimidad de origen. La manipulación impulsada por Petro y Cepeda no abona a la gobernabilidad del país sino que termina siendo una suerte de berrinche. Lamentable que algunos sectores de la política sean tan infantiles.