El 1 de junio de 2025, ocho de cada diez personas con derecho a votar en México decidieron no acudir a las urnas; quienes sí lo hicieron encontraron una boleta con decenas de nombres identificados solo con números para elegir a personas juzgadoras que, hasta entonces, se habían formado con años de estudio y no con campañas electorales. Ese día se consumó, con esa dimensión, la primera elección judicial en la historia del mundo.

Tres meses después llegó el segundo acto, uno mucho más simbólico. El 1 de septiembre de 2025, los nueve ministros electos vivieron no una, sino tres ceremonias. Recibieron un bastón de mando de manos de autoridades indígenas y afromexicanas en un ritual de purificación. Rindieron protesta ante el Senado. Se instalaron solemnemente como la nueva Suprema Corte, con la promesa de reconciliar la justicia con el pueblo.

El mismo día, en Chihuahua, tomaba protesta como jueza local quien fuera integrante de la defensa legal de un conocido narcotraficante. La “coincidencia”, sin embargo, mostraba ya la otra cara de la moneda; es decir,  quién estaba llegando a impartir justicia, y con qué preparación.

Detrás de ese relevo generacional hubo un costo que rara vez se nombra con precisión. Casi 6,800 personas juzgadoras, en dos fases, 2025 y en ese enonces 2027, hoy 2028, perdieron su cargo, y entre ellas las mujeres pagaron una factura desproporcionada. Un sorteo en el Senado, octubre de 2024, determinó que 224 de las 474 magistradas y juezas federales del país tuvieran que competir por su propio puesto en las urnas o declinar y abandonarlo. No fue una decisión personal. El azar se hizo presente mediante una indigna tómbola.

Esa experiencia acumulada, muchas veces construida superando dobles jornadas y techos de cristal que sus colegas varones nunca enfrentaron de la misma manera, no se transfiere de un día para otro a quien apenas comienza. Y sin embargo, un año más tarde, el relato oficial insiste en que todo funciona mejor que antes.

El 7 de septiembre de 2026, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz presidió un acto sui géneris bajo el lema “un año de justicia real y verdadera”. Aseguró que la Corte resolvió el 88 por ciento de los expedientes recibidos, que no existe rezago y que se acabaron los privilegios de la gestión anterior. La cifra, revisada con cuidado, se sostiene sobre un dato incómodo que el propio informe reconoció al señalar que la Secretaría General de Acuerdos redujo en un 30 por ciento los asuntos que la Corte aceptaba admitir, filtrando de esta manera lo que no llega a sus escritorios.

Analistas y columnas de opinión llamaron a ese ejercicio “el informe del acordeón” y documentaron inconsistencias entre lo presumido y lo verificable, mientras otros análisis independientes calculaban que tres de cada cuatro asuntos penales pendientes ya rebasaban el plazo constitucional de seis meses para resolverse. Los datos duros y los datos oficiales, otra vez, no coincidían. La Corte del acordeón tiene otros datos.

Mientras la Corte presumía cifras, el órgano creado para vigilar la disciplina judicial emprendía una tarea distinta. El Tribunal de Disciplina Judicial abrió procedimientos sancionatorios contra 53 personas juzgadoras de carrera judicial, no por corrupción ni por irregularidades administrativas, sino por el sentido de sus resoluciones. Jueces que habían otorgado suspensiones contra actos de la propia reforma judicial, o que resolvieron en materia de prisión preventiva oficiosa en contra del criterio del régimen en el poder, se encontraron citados a audiencias disciplinarias, reasignados de un día para otro a un órgano y entidad federativa distinas, y algunos fueron exhibidos públicamente.

En contraste, jueces electos por voto popular que fallaron en el mismo sentido o en sentidos cuestionables pero acorde a los intereses del poder en turno continúan en sus cargos sin un solo procedimiento abierto en su contra.

Ese patrón, documentado por asociaciones de personas juzgadoras y organizaciones civiles tiene un nombre que ya circula entre quienes siguen en funciones dentro del propio Poder Judicial; en otras palabras, hoy existen jueces miedosos que prefieren no resolver en contra del poder político antes que arriesgarse a una sanción. La imparcialidad parece cosa del pasado.

Todo esto, los acordeones, la ceremonia y su ironía, el costo diferenciado para las personas juzgadoras de carrera judicial, está documentado con rigor en el documental “Cuando perdimos el juicio: crónica de la reforma judicial en México” estrenado hace apenas unos días con testimonios de personas ministras, juezas, periodistas y voces de la academia, así como de organismos internacionales.

Cierro con una invitación a verlo, contrastarlo con lo que cada quien ha vivido frente a la justicia mexicana, y por supuesto, no deje de sacar sus propias conclusiones.