Alejandro Guillén Reyes

Si alguna acción del actual gobierno ha sido altamente tóxica para la vida pública de la República, esa ha sido la llamada «reforma judicial».

Tan solo en las últimas dos semanas ha salido a la luz que una de las criaturas de dicha reforma, el llamado Tribunal de Disciplina Judicial, está acosando a todo aquel trabajador del Poder Judicial que no actúe conforme a los designios impuestos por el régimen.

De acuerdo con una nota publicada por El Universal (8 de octubre de 2026), existen 248 casos documentados en los que magistrados, jueces, secretarios y personal administrativo han sido sancionados selectivamente o son investigados por haber rechazado la reforma judicial o por emitir sentencias contrarias a la llamada «cuarta transformación».

Y mientras ese Tribunal se dedica a perseguir a los juzgadores que no se alinean a sus consignas, la Unión Internacional de Magistrados (UIM) —organización dedicada a salvaguardar la independencia judicial en sus países miembros— decidió expulsar a la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB). ¿La razón? Haber respaldado una reforma que estableció en México la elección popular de jueces. Este mecanismo de elección de juzgadores es contrario a los principios de selección por mérito y a los criterios objetivos, además de que atenta contra la independencia que deben tener quienes imparten justicia.

Con ello, la Unión Internacional de Magistrados le está dando la razón a los jueces y magistrados que se opusieron a la reforma judicial y que hoy están siendo perseguidos en México por quienes conforman la inquisición del poder judicial del bienestar.

La CONATRIB se justificó ante el organismo internacional argumentando que la reforma fue producto del ejercicio de la «soberanía popular» y que existe la obligación de acatarla (El Universal, 19 de octubre 2026). Un argumento similar ha utilizado el Tribunal de Disciplina Judicial para perseguir a los juzgadores disidentes, bajo el pretexto de que estos intentaron frenar una «facultad soberana del poder reformador».

Es bien sabido el fraude a la Constitución cometido por el partido oficialista y sus aliados con la complacencia de las autoridades electorales, así como las prácticas de corte gansteril con las que construyeron las mayorías calificadas en las cámaras del “poder reformador” para aprobar ese adefesio legal. Sin embargo, lo que cabe subrayar es que ni siquiera la elección del poder judicial de 2025 tiene sustento en la «soberanía popular». Los jueces, magistrados y ministros electos mediante los llamados «acordeones» apenas obtuvieron el 6% de los votos de la lista nominal electoral, en el marco de una raquítica participación ciudadana del 13%. ¿En dónde quedó, entonces, la manifestación de la soberanía popular? Únicamente en el papel de la propaganda oficial.

Este nuevo poder surgido de la reforma judicial no solo carece de legitimidad nacional e internacional, sino que constituye un grave obstáculo para la defensa de los derechos humanos y la impartición de justicia en México. Asimismo, se ha convertido en un factor recurrente en los análisis que explican por qué la economía del país no crece y el sustento de las familias no logra prosperar aun con los programas sociales.

Urge una nueva reforma judicial que, entre otras cosas, anule o limite al Tribunal de Disciplina Judicial y elimine definitivamente el mecanismo de elegir a los jueces mediante el voto popular, antes de que en 2028 se vuelva a ejecutar el mismo soberano disparate con su respectivo fraude electoral.

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