Sebastián Godínez Rivera

La Oficina de Política Nacional de Control de Drogas publicó hoy la Estrategia Nacional de Control de Drogas de 2026 y no son buenas noticias para México. El regreso de Donald Trump a la presidencia estuvo marcado por acciones como la designación como terroristas a los cárteles del crimen, el fentanilo como arma de destrucción masiva, los amagos de operaciones extraterritoriales contra el crimen y la persecución de políticos corruptos.

Lo que para la mayoría fueron acciones aisladas no eran más que puntos clave de la estrategia que hoy se publicó. En el documento de 195 cuartillas se desglosan las aristas en la que los Estados Unidos propone acabar con grupos criminales porque son una amenaza a su seguridad nacional. A esta maniobra se suma el mapa de la Gran Norteamérica en la que se muestra el área de influencia de la Unión Americana aunado a la Cumbre Escudo de las Américas en la que gobiernos aliados firmaron acuerdos para combatir al crimen.

El gobierno mexicano ha decidido ignorar un tema que sin duda involucra a México, pero el oficialismo ahora deberá poner atención por las buenas o por la malas luego de los señalamientos del Departamento de Justicia contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, y otras 10 personas. Mientras Sheinbaum y Morena juegan a la soberanía y la denuncia del imperio, alguien debería decirles que se necesitan más que discursos rancios para enfrentar lo que se viene.

En el documento publicado por la Casa Blanca se hace énfasis en el combate al crimen, pero sobre todo a la persecución de las autoridades coludidas con grupos criminales. El mensaje del embajador nortemaricano en México, Ronald Johnson, contra políticos y cuerpos de seguridad es solo el inicio de una serie de investigaciones que las dependencias estadounidenses ya tienen armadas.

Los señalamientos contra Rocha Moya pusieron a temblar a gobernadores, legisladores y al mismo partido guinda que en su Consejo Político instó a defender la soberanía, mientras un puñado de seguidores del ejecutivo de Sinaloa gritaron “no estás solo, estamos contigo Rubén”. El oficialismo debería ser más cuidadoso con sus señalamientos y apoyos muestran, mientras la presidenta actúa como lideresa de partido en vez de jefa de Estado, la relación México-Estados Unidos atraviesa uno de sus momentos más tensos.

Ahora bien, el gobierno de Trump cuenta con una serie de hombres y mujeres  duros en los que delega la política exterior y la seguridad empezando por el Secretario de Estado, Marco Rubio, el titular de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, la cabeza del Departamento de Guerra, Pete Hegseth, el zar de la frontera, Tom Homa, y la jefa de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas, Sara Carter. Los nombres mencionados con antelación son las cartas fuertes de Trump para hacer frente a la guerra contra las drogas.

La guerra contra los narcóticos no es nueva sino que data 1971 durante el gobierno de Richard Nixon quien declaró que “las drogas son el enemigo público número uno”. Estados Unidos convenció a México de participar en la Operación Cóndor para quemar cultivos de marihuana y opio en el Triángulo Dorado. En 1977 con Gerald Ford, se impulsó la primera operación para la detección de traficantes de droga a través de tecnología satelital, la cual fue considerada un éxito.

Durante los años ochenta con Ronald Reagan y George W. Bush comenzó el combate contra los grandes capos como el colombiano Pablo Escobar y el mexicano Rafael Caro Quintero. Con la llegada del siglo XXI los estadounidenses delinearon la estrategia de control de drogas, sin embargo, varias naciones han colaborado para disminuir y erradicar el mercado de narcóticos.

Con el regreso de Trump a la Casa Blanca el enfoque cambió y ya no eran operaciones policiales sino que se consideró a los grupos criminales como amenazas a la seguridad, terroristas y permitió el uso de nuevas tecnologías para la erradicación de criminales. Si bien el tema no es nuevo para México los Estados Unidos encuentran resiliente a la cooperación a la actual administración que ha tergiversado la soberanía con la protección a grupos criminales.

La presidenta se jacta en defender al país y sostiene que no es un protectorado o una colonia, sin embargo, la incongruencia sale a flote porque la soberanía no importa cuando se trata de los y las mexicanas. La soberanía no existe si las familias no pueden transitar por el país, tampoco existe si el 60% del territorio está controlado por los cárteles, la soberanía es inexistente cuando varias familias han perdido a un ser querido, lo están buscando o encuentran sus restos. Morena utiliza la soberanía con tintes demagógicos para su causa y esta no vale cuando se trata de problemas reales.

En conclusión, el gobierno debería estar preocupado por todo lo que está haciendo y no ha tomado en serio. La estrategia de Estados Unidos es multifacética, cuenta con presupuesto, recursos materiales, tecnológicos y humanos para hacer frente a lo que el Estado mexicano ha renunciado, sin embargo, no se sabe el alcance de sus repercusiones. Mientras el oficialismo se atrinchera en la defensa de la soberanía y cuadros polémicos no están midiendo las consecuencias. Deberían soltar la demagogia por un rato y por unas horas analizar el documento de forma técnica.