Rúbrica

Por Aurelio Contreras Moreno

El llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum a dejar de ver un medio de comunicación porque no le gusta la línea editorial hacia su administración va más allá de un simple desplante o un dislate verbal. Forma parte de una estrategia de hostigamiento hacia el periodismo crítico que se anuncia con total naturalidad. E impunidad.

La gravedad de este exabrupto de la presidenta -que debiera serlo de todos los ciudadanos de este país y no solo de sus simpatizantes- no radica únicamente en la animadversión hacia un medio específico, que en este caso es TV Azteca pero que pudiese ser cualquier otro, sino en el mensaje que pasó de lo implícito a lo muy explícito: el poder pretende arrogarse la facultad de decidir qué voces son legítimas y cuáles deben ser silenciadas. 

Personalmente no veo TV Azteca. Desde hace varios años dejaron de atraerme sus contenidos y no comparto el sesgo con el que en general llevan a cabo la función informativa, que antes del pleito por el cobro de impuestos era bastante complaciente con el gobierno morenista. Pero la decisión de consumir otros materiales comunicacionales la tomé yo, con base en mi criterio, mis intereses y mi libertad de decidir dónde, cómo y con quién entretenerme e informarme. Muy diferente es que el gobierno intente tirar “línea” sobre lo que debo o no ver, o sobre lo que debo o no pensar.

Claudia Sheinbaum ha dado un paso adelante en una predisposición que heredó de su antecesor: la estigmatización. Porque esto no se reduce a llamar públicamente a no ver los canales de una empresa televisiva. Están por retomar una de las prácticas más deleznables del autoritarismo obradorista al reinaugurar en la conferencia matutina una sección dedicada a denostar periodistas y medios críticos. Un abierto ataque a la libertad de expresión que se institucionaliza como política de Estado.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) lo señalócon claridad: estas prácticas afectan directamente la libertad de prensa. La Alianza de Medios MX, que agrupa a diversos periódicos y portales nacionales, expresó que las libertades de expresión y de prensa no solo protegen el derecho de los medios a informar, investigar, cuestionar y opinar, sino que también resguardan el derecho de las audiencias a decidir libremente cómo, dónde y a través de qué plataformas informarse. “Por ende, este tipo de señalamientos alimenta un ambiente adverso para el ejercicio periodístico y preocupa por su cercanía con formas de censura indirecta”, destacó el organismo.

Artículo 19, la organización internacional dedicada a la defensa de la libertad de expresión, coincide en que la creación de espacios oficiales para atacar periodistas constituye una forma de censura indirecta, pues coloca a los comunicadores en una posición de vulnerabilidad frente a la maquinaria estatal para intimidarlos, ya que tras ser exhibidos, acto seguido son linchados en redes por los ejércitos de cibersicarios del régimen.

La sección “resucitada” en la “mañanera” –y con la cual le darán alguna ocupación a la defenestrada exdirigente nacional de Morena Luisa María Alcalde-no es ni por asomo un ejercicio de transparencia, como pretende el discurso oficial, sino un tribunal mediático donde el gobierno dicte sentencia contra quienes lo cuestionan. Se trata de un mecanismo de control simbólico que recuerda –sin que nadie se sorprenda a estas alturas- a las viejas prácticas del priismo, cuando la censura se ejercía mediante la presión económica y la cooptación. La diferencia es que ahora es con transmisión en vivo y bajo el argumento de “informar al pueblo”.

Todos estos embates representan una especie deintento de “disciplinar” el consumo informativo desde el origen y hasta el final del proceso, y en el que el gobierno se coloca como árbitro de lo que debe o no debe ser visto, lo que constituye una forma de censura de Estado.

Es una lógica peligrosa: si el gobierno define qué medios son “buenos” y cuáles son “malos”, si dicta cuáles hay que ver y cuáles no, la libertad de expresión y el derecho a la información se conviertenapenas en una graciosa concesión a las audiencias,con el objetivo de monopolizar y uniformar la narrativay el diálogo público.

Al final del día, son síntomas del cada vez más amenazante deterioro democrático que sufre el país y que tardaremos mucho tiempo en lograr revertir.

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