Sebastián Godínez Rivera

La relación México-Estados Unidos continúa bajo presión derivado de las recientes declaraciones del Secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, respecto a la guerra que pretenden impulsar contra el crimen organizado. No es la primera vez que un funcionario de ese nivel lo declara, sin embargo, cada vez es más palpable el choque entre la Casa Blanca y Palacio Nacional.

Los mensajes han sido claros y al parecer el gobierno mexicano no termina por entender en dónde está parado. Primero los fundamentos que han llevado a la reconfiguración del interés nacional de Washington de acuerdo a las doctrinas de guerra que continuamente ha hecho públicas. Desde cambiar en nombre del Departamento de Defensa a Guerra fue el mensaje inicial donde el país pasaba de una Pax estadounidense a un estado de confrontación permanente y las operaciones militares son muestra de ello.

Por otro lado, las órdenes ejecutivas en las que el fentanilo es catalogado como arma de destrucción masiva, los grupos criminales como organizaciones terroristas, las operaciones navales en el Caribe y la península arábiga. La detención de Nicolás Maduro, las presiones sobre Cuba y los ataques contra lanchas de presuntos contrabandistas fueron una serie de mensajes que Estados Unidos envió para todo el hemisferio y que México ignoró.

La tercera llamada está centrada en la celebración de cumbres como Escudo de las Américas, las de Minerales Críticos y los encuentros bilaterales entre Trump y ejecutivos conservadores. El cambio en el mapa ideológico se acompañó de una serie de medidas que reorganizaban el hemisferio desde Chile hasta El Salvador y estableciendo una suerte de protectorado en Venezuela. El puñado de gobiernos de izquierda hoy no encuentran canales de discusión para frenar a los Estados Unidos.

Colombia, Brasil, Perú y Haití son objetivos prioritarios de Estados Unidos porque tendrán elecciones en este año. La visita del senador Flavio Bolsonaro a Washington es muestra de que las derechas aspiran a congraciarse con Trump. Mientras tanto, Perú disputará la presidencia entre la derechista Keiko Fujimori y Roberto Sánchez de izquierda. Colombia acudió a las urnas el 31 de mayo y la disputa será entre conservadores contra izquierdistas.

La reconfiguración del hemisferio está acompañada de la apuesta de Trump por las derechas latinoamericanas lo que aislaría a las izquierdas. No obstante, la región ha presenciado la política agresiva y confrontativa de su vecino, pero ha optado por cobijarse con el discurso de la soberanía. El oficialismo ha optado por ignorar la tecnicidad para profundizar en la estrategia de combate al crimen y se conformó por el populismo que apela a la defensa de la soberanía.

El cuarto aviso se dio cuando el embajador norteamericano, Ronald Johnson, y el Departamento de Justicia de Estados Unidos señalaron al hoy gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros diez funcionarios. Hasta la fecha ese tema ha puesto al oficialismo contra la pared y lo cual ha sido entendido como una mala señal desde Washington. Éste hecho llevó a la radicalización del discurso presidencial, ahondando en la polarización y desgastando la imagen del propio Morena.

Bajo el discurso soberanista la presidenta parece que está defendiendo al crimen organizado, por lo tanto, Estados Unidos entiende esas señales como resiliencia a la colaboración y fortalece la visión del narcogobierno. Asimismo, los embates contra la gobernadora de Chihuahua, Maria Eugenia Campos, por el operativo conjunto de la policía estatal y agentes de la CIA abrió otro frente que incluye a nuestro vecino.

Discursivamente el gobierno está perdiendo la batalla porque la soberanía morenista está asociada a la protección del crimen organizado. El oficialismo fue reactivo por los señalamientos de una dependencia de Washington, pero mucho tiempo antes periodistas, políticos de la oposición y hasta ciudadanía acusó la injerencia del crimen, pero el gobierno hizo caso omiso. Hoy las hace Estados Unidos y esto generó una crisis interna para el partido gobernante.

El quinto llamado tuvo que ver con la visita del titular del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin a México. El comunicado emitido por Estados Unidos no habla de colaboración sino de fortalecer las acciones de forma unilateral para hacer frente al crimen organizado. Mientras tanto, el gobierno mexicano sólo dedicó unas líneas en las que destaca la buena relación y la cooperación con el eterno lema “sin subordinación”.

La sexta llamada se dio el 28 de mayo cuando el gobierno de Guatemala encabezado por Bernardo Arévalo acordó realizar ataques conjuntos con Estados Unidos a blancos del crimen organizado. No es un tema menor, tomando en cuenta que éste país también fue excluido de las principales cumbres de seguridad al ser encabezado por un socialdemócrata. La relación Washington-Guatemala tiene un tratamiento especial porque Arévalo no es cercano a Trump, pero el pequeño país ha cerrado varios acuerdos en materia de seguridad y ha aceptado procesos exprés de extradición de algunos pandilleros.

Por otro lado, Guatemala es el vecino más próximo a México y comparten una frontera porosa que detonó confrontaciones entre Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump en su primer mandato. Ahora las operaciones conjuntas ya no se ciñen solamente a los miembros del Escudo de las Américas sino también a un país que ha sido pragmático en la relación con los estadounidenses.

Asimismo, el país ha identificado a buques norteamericanos en el Golfo de México, aviones sobrevolando el Mar de Cortés, drones sobre espacio aéreo mexicano y ahora las operaciones conjuntas en Guatemala. Los avisos son clarín para el país, pero gobierno insiste en pregonar que el diálogo será clave para sacar adelante la relación, aunado a la posición de debilidad que México tiene.