Formar parte del Comité de Ética de Los Alquimistas del Poder, Periodismo independiente, implica asumir una responsabilidad pública: defender la palabra libre con rigor, la conciencia democrática y el sentido de justicia. No se trata de revisar contenidos o criterios editoriales, sino de afirmar una convicción esencial: las libertades de pensamiento y expresión no son concesiones del poder; son raíz de la democracia, condición de justicia y fundamento de una vida digna dentro de un Estado que protege derechos.

Sin pensamiento libre no hay conciencia crítica; sin expresión libre no hay deliberación pública; sin deliberación pública el poder deja de rendir cuentas. Antes de votar, una sociedad debe pensar; antes de decidir, debe discutir; antes de obedecer, debe preguntar. Allí comienza la democracia: en la posibilidad de disentir sin miedo, nombrar el abuso sin castigo y exigir justicia sin ser tratado como enemigo.

El discurso oficial sostiene que existe plena libertad de expresión, que la crítica no se persigue y que todas las voces tienen espacio. Sin embargo, quienes informan, denuncian, buscan, reclaman, juzgan o defienden derechos humanos enfrentan costos cada vez más altos por alzar su voz. La censura no siempre adopta la forma abierta de una prohibición; también opera mediante descalificación, hostigamiento, indiferencia institucional, presión administrativa, precarización, amenazas o violencia directa.

En México, ejercer el periodismo independiente sigue siendo un “deporte” extremo. Las personas periodistas enfrentan campañas de desprestigio, vigilancia, amenazas, hostigamiento digital y, en demasiados casos, peligro de muerte. Se les desacredita, se debilita su protección social y termina por normalizarse la violencia en su contra. Cuando un medio independiente es señalado por investigar o una voz crítica es presentada como amenaza, no solo se afecta a quien habla: se empobrece el espacio público y se limita el derecho de la ciudadanía a conocer la verdad.

La libertad de expresión tampoco pertenece únicamente a periodistas, académicos o actores políticos. Pertenece a las madres buscadoras, obligadas a convertir el dolor en método y la omisión del Estado en trabajo cotidiano; a los trabajadores que protestan por la disminución o el pago de una pensión; a quienes exigen atención médica, reclaman seguridad social o piden que el Estado cumpla con sus obligaciones. Cuando esas voces son ignoradas, minimizadas o tratadas como una carga, también se empobrece la democracia.

Esa misma tensión alcanza a las personas juzgadoras. En el contexto de la reforma judicial, quienes han expresado críticas técnicas, jurídicas o constitucionales han sido expuestas a presiones, descalificaciones o decisiones administrativas capaces de afectar su trayectoria profesional. Cuando una persona juzgadora entiende que disentir puede traducirse en castigo, encapsulamiento, cambio de adscripción o aislamiento institucional, la independencia judicial deja de ser una garantía robusta y se convierte en una promesa vulnerable.

Una democracia constitucional necesita periodistas que investiguen, madres que sean escuchadas, personas defensoras de derechos humanos que no sean criminalizadas, trabajadores que puedan reclamar sin ser ignorados y  jueces, magistradas y ministras que resuelvan con independencia judicial. La libertad de expresión es el hilo que conecta esas luchas: sin ella, los abusos se ocultan; con ella, la sociedad conserva la posibilidad de exigir límites, responsabilidades y justicia.

La institucionalidad no se sostiene únicamente desde los órganos del Estado, sino desde una ciudadanía capaz de pensar, hablar, denunciar y contener los excesos del poder. Una vida plena únicamente es posible dentro de un Estado que protege derechos, reconoce dignidades, escucha a las víctimas y garantiza justicia; no dentro de un aparato utilizado para reprimir, sembrar odio, administrar miedo o abandonar a las personas frente a la muerte. Cuando el Estado castiga la palabra libre y desoye a quienes reclaman verdad, la justicia no se hace presente.

En ese contexto, la ética en el periodismo independiente no puede reducirse a una lista de reglas internas. La ética consiste en servir a la verdad con rigor: verificar antes de publicar, distinguir entre crítica y difamación, evitar el linchamiento, resistir la propaganda y no renunciar a la palabra por temor. En Los Alquimistas del Poder, un Comité de Ética debe ser garantía de responsabilidad y firmeza democrática: rigor para no confundir indignación con prueba; responsabilidad para no exponer injustamente a nadie; firmeza para no suavizar la verdad cuando la evidencia exige nombrarla.

México necesita voces libres, críticas, informadas y responsables; medios que no se subordinen al poder político, económico, criminal o institucional; y ciudadanía capaz de defender el derecho a disentir incluso cuando no comparte lo dicho. La libertad de expresión no se prueba cuando protege opiniones cómodas, sino cuando resguarda aquellas que incomodan al poder, revelan abusos o acompañan a quienes han sido ignorados.

Los riesgos de expresarse en libertad son muchos: ser señalado, aislado, amenazado, descalificado o pagar costos personales y profesionales. Pero quienes creemos en las libertades, en los derechos humanos, en la democracia y en la dignidad de la persona no podemos responder al miedo con silencio. El silencio no es neutral cuando hay víctimas que buscan justicia; no es prudencia cuando hay periodistas amenazados; no es equilibrio cuando hay derechos vulnerados. El silencio protege al abusador, fortalece al poder y ordena la impunidad.

Frente a ese panorama, nuestra posición debe ser clara: seguiremos hablando, preguntando y escuchando a quienes han sido ignorados; acompañaremos las causas que defienden derechos; y ejerceremos la palabra pública con rigor, responsabilidad y firmeza democrática. Porque cuando hablar se vuelve riesgoso, hablar se vuelve indispensable. Y porque una sociedad que renuncia a pensar, decir y disentir entrega su democracia al poder omnímodo. Nuestra obligación ética es impedirlo.