Alejandro Guillén Reyes

«En las condiciones actuales en las que vive el país, hay una decadencia del servicio público; no existen principios éticos que lo regulen, los funcionarios se sienten en libertad de hacer lo que su voluntad les permite y no hay una sujeción plena a la norma…».

Lo anterior lo afirmó el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, durante la sesión del Pleno del pasado 17 de agosto. La declaración ocurrió al discutir el requisito de «tener un modo honesto de vivir» para ocupar la Dirección de Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas de Baja California Sur; un criterio que la mayoría de los ministros votó por eliminar, al considerar que carece de parámetros claros y objetivos para ser juzgado.

En respuesta, la ministra María Estela Ríos González intentó enmendarle la plana al ministro Aguilar, señalando que no coincidía con la generalización de que todos los servidores públicos son corruptos, por lo que Aguilar tuvo que matizar su comentario.

Por supuesto, no se puede dejar de cuestionar la autoridad moral de ambos ministros para realizar tales afirmaciones, considerando que llegaron a sus cargos tras un proceso ampliamente cuestionado. En el caso particular de la ministra Ríos, junto con la ministra Lenia Batres, son exhibidas constantemente por su falta de rigor técnico y conocimientos que deberían de tener por el cargo que ostentan, lo cual abona directamente a la decadencia de la función pública de impartir justicia.

Más allá de este señalamiento, ambos tienen parte de razón: no es posible generalizar, pero sí afirmar que el servicio público atraviesa un estado decadente en las condiciones actuales. A menudo esto no obedece solo al servidor público en sí, sino a las condiciones estructurales en las que labora, agravadas por la llamada «austeridad republicana».

Por otra parte, en el artículo 34 de la Constitución mexicana se establece que son ciudadanos de la República los hombres y mujeres que tengan la nacionalidad mexicana, hayan cumplido 18 años y cuenten con «un modo honesto de vivir». Este requisito se replica en múltiples leyes y convocatorias orientadas a reclutar personal para el Estado; entonces, ¿a qué se debe la decadencia del servicio público a la que alude el ministro Aguilar?

Más que exigir como formalidad un «modo honesto de vivir», es indispensable demandar que los servidores públicos —aspirantes o en funciones, de elección popular o de designación— cumplan estrictamente con las reglas existentes. Para ello se requiere de fiscalías, tribunales y un Poder Judicial que las hagan valer; en pocas palabras, que se ponga fin a la impunidad y dejen de aplicar la ley en forma selectiva.

El marco normativo ya existe: la Ley de Transparencia, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción y el Código Penal, donde están tipificados los delitos de corrupción, entre otros reglamentos. Si se lograra que los funcionarios no infrinjan este marco legal, se podría frenar el deterioro institucional.

Si hoy prevalece un servicio público en decadencia, es precisamente porque existen fiscalías, tribunales y una Suprema Corte de Justicia que garantizan dicha impunidad.

(Por cierto, renunció a su cargo la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto, quien es uno de los ejemplos más acabados de este servicio público decadente).

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