Sebastián Godínez Rivera

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, ha encendido las alertas debido a su declaración en la que acusó de un golpe de estado al poder judicial. Los señalamientos se dan por una sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional que propone restituir a magistrados suplentes que culminaron su mandato en 2025.

La pugna se da debido a que la Asamblea Nacional no ha podido nombrar magistraturas nuevas debido a la demora en el proceso legislativo. La Sala Constitucional argumentó que la decisión no es un golpe de estado sino una forma de garantizar que la ciudadanía tenga continuidad en el derecho a la justicia. Por otro lado, el bloque opositor en la Asamblea lamentó las declaraciones y acusó al proyecto de Fernández de autoritario.

Costa Rica es uno de los pocos países en América que cuentan con una democracia consolidada, de acuerdo con los proyectos que miden la calidad de la democracia. Sin embargo, desde el gobierno de Rodrigo Cháves el país ha presenciado una serie de ataques contra instituciones y poderes desde la presidencia, argumentando que los jueces pretenden detener el proyecto de transformación.

Con el término de su mandato, Laura Fernández ganó las elecciones y logró una mayoría amplia en el poder legislativo, cosa que no tenía Cháves en su gobierno. La presidenta ha insistido en plantar cara a quienes se oponen a su gobierno y al proyecto político. Parte de la confrontación heredada tiene que ver con los jueces, quienes en su momento llegaron a bloquear proyectos del expresidente.

Por otro lado, la dupla Fernández-Cháves se mantiene más viva que nunca. La presidenta nombró a su antecesor Ministro de la Presidencia y Ministro de Hacienda. América Latina ha visto durante décadas el fenómeno de las presidencias tutelada, es decir, un personaje líder del movimiento o jefe político mantiene una presidencia que rebasa a la figura constitucional de quien ejerce el poder. Empero, Costa Rica es un caso llamativo porque quien ejerció el poder con antelación ocupa dos cargos ministeriales en el siguiente gobierno.

En la historia latinoamericana sólo viene a mi memoria el caso mexicano durante el periodo posrevolucionario cuando el autoproclamado Jefe Máximo, Plutarco Elías Calles, fundador del Partido Nacional Revolucionario (PNR) fue Secretario de Guerra y Marina entre 1931-1932 y luego Secretario de Hacienda en 1933 durante los gobiernos de Pascual Ortíz Rubio y Abelardo L. Rodríguez respectivamente. El periodo conocido como maximato se caracterizó porque el fundador de la vida institucional mexicana seleccionó a sus sucesores y fungió como secretario en sus gabinetes.

Aunque en el caso costarricense no hay un proceso posbélico, llama la atención que Cháves ejerce como líder absoluto del Partido Pueblo Soberano (PPS), organización fundada en 2022 que se proclamó como defensor del proyecto chavista. En 2025 obtuvo su registro y Laura Fernández fue la abanderada del PPS. El país está presenciando como el fundador del proyecto político que hoy gobierna Costa Rica se mantiene cercano al poder porque funge como un actor cohesionador de dicho instituto político.

El personalismo en los partidos políticos no es nuevo sino que hay ejemplos en democracias imperfectas o en procesos de consolidación donde personajes carismáticos fundan sus organizaciones. Desde Rafael Correa con Alianza País y Revolución Ciudadana, pasando por La Libertad Avanza de Javier Milei y el Partido Justicialista de los Kirchrner, ambos en Argentina o el Movimiento Al Socialismo de Evo Morales en Bolivia y Nuevas Ideas de Nayib Bukele en El Salvador.

Cháves apostó por una organización que le permita consolidar una base social, mantenerse vigente en la política y desde el gabinete ejercer influencia. El expresidente insiste en mantener la disciplina partidista de sus legisladores y, por otro lado, vigilar que el proyecto original no sufra desviaciones o cambios por parte de la presidenta Fernández. Lo que ocurre en Costa Rica tiene antecedentes inmediatos, pero el empoderamiento del PPS podría llevar a un desgaste del andamiaje institucional y el debilitamiento de la democracia.

Finalmente, para muchos cientistas sociales Costa Rica era como un oasis democrático en América Central debido al surgimiento y consolidación del autoritarismo en El Salvador, Honduras y Nicaragua. A pesar de que algunos estudiosos como María Esperanza Casullo y Harry Brown Araúz estudiaron el fenómeno costarricense en el libro El populismo en América Central y advirtieron los riesgos de la radicalización de Cháves.

Lo que hoy vemos con la presidenta Fernández es la continuidad al proyecto que aspira a una consolidación iliberal. Los embates en el pasado contra el Tribunal Supremo de Elecciones, la Fiscalía de la República, el poder judicial y la oposición sólo eran la punta del iceberg. Hoy el país presencia de nuevo la amenaza a la democracia y dependerá de la ciudadanía y las instituciones mostrar su resiliencia.