Palabra de Tigre

Por: Humberto Aguilar Coronado*

Giovanni Sartori en su obra “Partidos y sistemas de partidos”, advertía que “Los sistemas electorales y las normas de acceso al poder no son simples instrumentos mecánicos, sino el medio a través del cual la clase política en el poder intenta estructurar y moldear la competencia a su favor”.

Sartori sostiene que las reglas de acceso al sistema político (como los requisitos de registro, nombres y logotipos) no son neutrales, sino que funcionan como filtros manipulados para que la competencia sea inclinada a su favor y como consecuencia, obstruir el camino de la oposición.

En una democracia participativa, el árbitro y los tribunales electorales tienen como función primordial garantizar la equidad, la certeza y el pluralismo político. 

Sin embargo, cuando esas instituciones, que en el pasado reciente han tomado decisiones a favor del partido gobernante y recurren a pretextos semánticos o a un exceso de regulación, la sospecha de complicidad se vuelve inevitable.

Recientemente fuimos testigos del purismo institucional del INE con respecto a la solicitud que, para obtener su registro como partido político, hiciera la organizaciónciudadana Somos México.

Después de cumplir con los requisitos que exige la Ley General de Partidos Políticos —realizar decenas de asambleas, afiliar a cientos de miles de ciudadanos y fiscalizar minuciosamente sus recursos—, la autoridad electoral resolvió condicionar su registro. 

La instrucción fue clara y altamente cuestionable: modificar su nombre, sus colores y su logotipo representativo.

El argumento central fue que en la denominación Somos México se contenía una “apropiación simbólica de la identidad nacional” que podría generar “confusión semántica” en el electorado. 

La postura no solo es débil, sino francamente contradictoria cuando se contrasta con la realidad política de nuestro país.

En el caso de la apropiación simbólica de la identidad nacional, por ejemplo, el PRI ha utilizado los colores de nuestra bandera durante toda su vida política; el PT utiliza un concepto universal como es el trabajo y el PVEM utiliza el nombre de nuestro país en sus siglas electorales.

¿La autoridad electoral les exigirá modificar el nombre y los colores a esos partidos políticos? O ya cuentan con el derecho de tanto, que, en una lógica contraria, no implica confusión en el electorado y no ha implicado una apropiación simbólica.

En el caso de “los riesgos de confusión semántica” y la posibilidad de que los colores induzcan a sesgos identitarios en los votantes, parece un exceso si se considera que el partido gobernante se apropió de una palabra: morena, que en el pueblo de México sí representa una carga histórica, simbólica y religiosa.

Se argumentó también una “Neutralidad gráfica requerida», vetando la silueta del mapa del territorio nacional en su emblema, asunto que me hizo recordar la primera propuesta de la Alianza por el Cambio en el año 2000, cuando se prohibió que la silueta del candidato Fox apareciera en el emblema electoral.

Obligar a una organización ciudadana a cambiar su nombre, sus colores y su identidad visual, a solo unos meses de las elecciones, no es un asunto menor ni puramente técnico. 

Es una decisión que altera la equidad de la contienda. Exigir a una nueva alternativa política a iniciar desde cero su posicionamiento de marca ante la ciudadanía, neutraliza el esfuerzo de años de movilización e inversión social.

Estamos ante un celo institucional mal entendido de una burocracia electoral que quiere interpretar la ley, para desgastar nuevas alternativas democráticas, antes de que el ciudadano lo decida en las urnas.

Los dados están echados, en este escenario, la que pierde es la democracia.

*Es politólogo