Alejandro Guillén Reyes
El pasado 1 de octubre de 2026, en un video publicado en YouTube, el expresidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en el país se acabó la corrupción “digan lo que digan”, y agregó que los mexicanos son un pueblo honesto: “La mayor riqueza del pueblo de México es su honestidad”, sostuvo.
Veamos si el pueblo honesto coincide con el expresidente:
En la más reciente encuesta de Consulta Mitofsky (“Preocupaciones ciudadanas”, septiembre, 2026), el 87.1 % de los entrevistados (casi 9 de cada 10) respondió que hay “mucha” o “regular” corrupción en el gobierno. Además, el 55 % considera que la presidenta Claudia Sheinbaum “no ha cumplido con el combate a la corrupción dentro del gobierno”. En un resultado complementario, la encuesta de El Financiero (1 de octubre de 2026) señala que solo el 22 % (apenas 2 de cada 10 personas) afirma que la administración de Claudia Sheinbaum está resolviendo “bien” o “muy bien” este problema.
Con estos resultados, es claro que el pueblo honesto disiente del expresidente: en México hay mucha corrupción y el gobierno actual no la está combatiendo a cabalidad.
El pasado 4 de octubre, la presidenta Sheinbaum emitió un decreto para instruir a los sujetos obligados del Poder Ejecutivo a transparentar información adicional sobre contrataciones públicas. Al respecto, Patricia Talavera, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, declaró: «Sigue quedando en el poder político la decisión de transparentar o no, de perseguir o no, los actos de corrupción. Este decreto del 4 de agosto trae lo que ya estaba antes, lo que ya viene en la ley, pero sin una institución que lo garantice».
En efecto, con la desaparición de un organismo autónomo como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) y de sus órganos homólogos en los estados, no existe garantía de hacer valer el artículo 6º constitucional. Esto aplica no solo para las dependencias del Gobierno Federal —a las que se limita el decreto presidencial—, sino para todos los sujetos obligados de los tres Poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y de los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal). Sin un órgano garante como el INAI, la ciudadanía carece de mecanismos institucionales para hacer valer su derecho humano y constitucional de acceso a la información pública, particularmente la que tiene que ver con los recursos y el dinero públicos.
Ciertamente, la transparencia y el derecho de acceso a la información son fundamentales para combatir la corrupción, pero no son suficientes. Resulta indispensable sancionar a quienes cometen delitos de corrupción, combatiendo con ello la impunidad, lo cual parece exigir demasiado a estos gobiernos de la “honestidad valiente”.
Mientras tanto, llama la atención que una entrevista a la presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción sea noticia, porque se trata también de afirmaciones de quien preside el Comité de Participación Ciudadana cuya voz desde su institucionalización hace 9 o 10 años -y sobre todo desde la llegada al gobierno de quien afirma que en México “ya no hay corrupción”-, ha sido paulatinamente ignorada y despojada de herramientas institucionales para prevenir actos de corrupción algunos de los cuales hoy, al igual que ayer, se han convertido en escándalos internacionales, para vergüenza del pueblo honesto.
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