Alejandro Guillén Reyes
El Instituto Nacional Electoral (INE) —antes Instituto Federal Electoral (IFE)— es una institución que las y los ciudadanos mexicanos hicimos nuestra. Desde la credencial para votar con fotografía (nuestro documento de identificación por excelencia) hasta la elección y capacitación que recibimos los ciudadanos para integrar las mesas directivas de casilla encargadas de contar los votos emitidos durante una jornada electoral, fueron algunos de los factores que nos permitieron confiar en ella e interiorizar su principal misión: construir la democracia electoral en México sobre cimientos institucionales fuertemente ciudadanos, donde se respetara y se contara cada voto, y se eligiera así, de manera pacífica, a nuestros gobernantes en los tres órdenes de gobierno y a los representantes políticos en las cámaras federales y locales.
Nuestro IFE-INE llegó a tener no solo la confianza nacional, sino también el reconocimiento internacional como una de las instituciones democráticas de vanguardia. La credencial de elector con fotografía, la lista nominal blindada y el Programa de Resultados Electorales Preliminares, entre otras innovaciones técnicas, fueron replicados en otras latitudes, y el organismo llegó a asesorar a autoridades e instituciones electorales de países de cuatro de los cinco continentes. Todo ello estaba respaldado por un sólido servicio profesional electoral de carrera, que apuntalaba la eficiencia y la eficacia organizacional y servía de puente entre los servidores públicos del Instituto y la ciudadanía.
Pero este prestigio nacional e internacional no surgió de la noche a la mañana. Comenzó a forjarse desde su creación en 1990 y nos ha costado el esfuerzo, el conocimiento y la capacitación de mucha gente, además de una inversión considerable de recursos públicos. Por cierto, el manejo del presupuesto que recibía la institución era constantemente auditado y públicamente comprobable; es decir, la transparencia y la rendición de cuentas fueron esenciales para generar la confianza ciudadana.
Sin olvidar lo ocurrido en 2006 (cuyo relato dominante entre los creyentes de la “cuarta transformación” está contaminado por el mito, la calumnia y el insulto), el instituto electoral federal fue respetado por los actores políticos en cuanto a su autonomía constitucional. Un ejemplo de ello, en uso de sus facultades legales, el INE tomó decisiones polémicas, como negarle el registro al partido México Libre, impulsado por el expresidente Felipe Calderón.
Todo lo anterior lo hemos recordado para comenzar a dimensionar la tragedia institucional que hoy vive nuestro INE, cuya causa principal de ese desastre radica en la ambición de la actual élite gobernante que, tras haber ganado el poder político por la vía democrática, pretende ahora no soltarlo; y para hacer realidad sus sueños autoritarios, capturó las instituciones electorales, tanto al INE como al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Como bien señala el analista político y experto en asuntos electorales Jorge Alcocer Villanueva, la exconsejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, es solamente la “cabeza de la hidra”.
De los once integrantes del Consejo General, al menos seis (la mayoría) responden a los intereses de la actual élite política gobernante; asimismo, alrededor de veinte funcionarios —entre ellos el secretario ejecutivo y directores de distintas áreas— están involucrados en una red de corrupción. En este atropello al Instituto Electoral, el Congreso de la Unión, dominado por Morena y sus aliados, desempeñó un papel vital: nombró a aquellos consejeros (incluida Guadalupe Taddei) que le otorgaron la mayoría necesaria para que el organismo adoptara decisiones funcionales a los intereses partidistas de la coalición gobernante. De igual forma, le confirieron a Taddei, en su calidad de consejera presidenta, la facultad unilateral de nombrar a todos los titulares de las áreas que encabezan el funcionamiento interno del INE, marginando la opinión del Consejo General.
Lo idóneo no es solo que Guadalupe Taddei renuncie y sea investigada y sancionada por presuntos delitos de corrupción, sino que dimitan también todos los integrantes del Consejo General (por su acción u omisión ante este nuevo y escandaloso episodio de saqueo a la nación) así como los titulares de las áreas involucradas en la red tejida por Taddei. No obstante, esto no deja de ser, por el momento, un buen deseo.
Entre tanto, han nombrado consejera presidenta provisional a Blanca Yassahara Cruz García, quien fuera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEE).
Sobre ella algunos medios de comunicación han publicado antecedentes nada presumibles: en su paso por el OPLE, Cruz García fue denunciada por el ilegal traslado de votos de MORENA a la agrupación Fuerza Por México para que este conservara el registro a nivel local; también llegó a causar polémica cuando afirmó que el instituto local no podía hacer nada frente a las obscenas campañas anticipadas; y, como titular del órgano electoral poblano, avaló un contrato por casi 130 millones de pesos para una de las empresas señaladas de haber cometido daño patrimonial durante la gestión de Guadalupe Taddei.
Una vez que se integró al Consejo General del INE, Cruz García fue una de las consejeras del llamado “grupo Taddei” que votó a favor de la propuesta para que los consejos distritales tuvieran la facultad de contabilizar las llamadas «boletas planchadas».
Pues ahora Blanca Cruz es la consejera presidenta provisional del INE. Así de grave es la crisis que hoy enfrenta lo que fue nuestro INE, ahora atrapado por redes de corrupción tendidas desde quienes hoy detentan el poder político.
La falta de legitimidad y confianza en el organismo encargado de organizar los procesos electorales potencialmente pone en peligro la estabilidad política del país. Esa película ya la vimos y vivimos en la década de los 80 del siglo pasado.
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