Alejandro Guillén Reyes

La intentona de la presidenta Claudia Sheinbaum y de su partido por exculparse de haber sido ellos quienes encumbraron a Guadalupe Taddei y su red de corrupción, no es solo un penoso fracaso de culpar a otros de lo que ellos hicieron; también oculta del debate público la responsabilidad del gobierno y su partido de todo el entramado que se construyó desde hace más de tres años para capturar las instituciones electorales y convertirlas en instrumentos al servicio del régimen y que hoy ha estallado en una crisis que puede ser de funestas consecuencias para nuestra endeble democracia.

Repartir culpas entre personajes del pasado para emparejar la cancha, lograr que la gente piense que «todos son iguales» y terminar por no creer en nadie, siempre conviene a un régimen de vocación autoritaria. Pero hay algo más: el debate se ha centrado principalmente en Guadalupe Taddei, la “cabeza de la hidra” (como la llamó el analista Jorge Alcocer Villanueva), y se ignora a la hidra en su totalidad y a todas las cabezas que han venido destruyendo la confianza en el INE y en el Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Ya no discutiremos ni cuestionaremos aquí quién puso a Taddei al frente del INE en abril de 2023: fue Morena y sus partidos aliados en la Cámara de Diputados, punto. ¿Y quién propuso y aprobó las facultades legales en 2024 para que Taddei se despachara con la cuchara grande con nombramientos al interior del INE? Fueron Morena y su coalición en el Senado, se acabó. No pierda su tiempo escuchando sandeces.

Ahora bien, ¿acaso con el cambio en la titularidad de la presidencia del Consejo General del INE las cosas se van a corregir y tendremos un instituto electoral que cumpla con sus principios rectores —certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad— para garantizar procesos electorales confiables y democráticos en 2027? Lamentablemente, no.

La captura de los puestos es una de las primeras causas de la corrupción en las instituciones de un Estado.

En el caso de las instancias electorales mexicanas, esa captura inició en 2020 con algunos nombramientos en el Consejo General, continuó en 2023 (año en que se designó a Taddei) y se remató en 2026 con la designación -entre otros- de Arturo Manuel Chávez López, exdirector de Talleres Gráficos de México —dependiente de la Secretaría de Gobernación— y exasesor de la propia presidenta Claudia Sheinbaum.

Hoy la mayoría de los consejeros del INE son afines al partido gobernante.

Por su parte, la cooptación del Tribunal Electoral comenzó en 2023, cuando Morena y sus aliados deliberadamente omitieron nombrar a los magistrados faltantes para completar las siete magistraturas. A quienes se quedaron les prometieron no quitarlos de sus puestos con la reforma judicial y ampliar el periodo en sus cargos. Tres de ellos (Felipe Fuentes, Felipe de la Mata y Mónica Soto) decidieron alinearse con el régimen al destituir de la presidencia de la Sala Superior al único magistrado independiente: Reyes Rodríguez Mondragón. Hoy esa Sala Superior se ha completado con jueces que llegaron mediante la nefasta reforma judicial y por la penosa vía del «acordeón».

Basta con observar el sentido de las decisiones tomadas por mayoría tanto en el Consejo General del INE como en la Sala Superior del TEPJF para constatar la captura a la que han sido sometidas ambas instituciones. Por cierto, la última gracia del Consejo General fue aprobar por mayoría la propuesta de que en los consejos distritales se puedan contabilizar las «boletas planchadas». Tan grave fue el disparate (con evidentes fines electorales fraudulentos) que ni siquiera el cooptado Tribunal Electoral lo avaló. Y qué decir de todas las ilegalidades que hemos visto con las campañas anticipadas, el despilfarro de recursos, el desconocimiento de dónde provienen esos recursos…en fin

Con todo lo anterior, lo idóneo sería la renuncia de todos los integrantes del Consejo General del INE y de la Sala Superior del TEPJF y la renovación de ambas instituciones. O al menos, como han sugerido algunos, que la persona que presida el INE en sustitución de Guadalupe Taddei sea nombrada mediante el consenso de todas las fuerzas políticas. Sin embargo, como reza la expresión popular, esos son «sueños guajiros». El gobierno y su partido no van a soltar el control de ambas instituciones, pues saben que las preferencias electorales pueden cambiar en 2027 y necesitan de todos los recursos legales y extralegales para intentar mantener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y el mayor número posible de los puestos de elección popular en disputa.

El INE, el TEPJF y también los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), conectados a esta cadena de desprestigio de los órganos nacionales, han perdido lo mucho o poco de credibilidad que tenían, aumentando con ello las probabilidades de que se susciten en el futuro conflictos poselectorales.

En México, al estar capturadas sus instituciones por una de las fuerzas políticas, en materia de derechos político-electorales, vamos para atrás.

A las y los ciudadanos no nos quedará más remedio que defender nuestro voto mediante la participación cívica pacífica, porque las instituciones electorales, cooptadas y sumidas en el más bajo nivel de confianza de su historia, difícilmente lo harán.

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