Por Ruby Soriano

En México los profesionales de la comunicación se encuentran entre el fuego cruzado de aquellos grupos del crimen organizado que libran una feroz batalla por el control de territorios.

Mientras el gobierno de Andrés Manuel López Obrador da un paso al costado y envía “guiños” a los partidarios del Cártel de Sinaloa, otros grupos como los del Cártel Jalisco Nueva Generación hacen de las suyas amenazando e intimidando a comunicadores y medios de información.

No es una sorpresa que sigamos figurando en el ranking de los países con cifras preocupantes por el asesinato de periodistas.

Las muertes de profesionales de la comunicación durante el actual gobierno de la 4T preocupan, sobre todo cuando no hay mecanismos que garanticen la protección para el ejercicio de esta profesión.

Investigar sobre los vínculos de gobiernos y crimen organizado, es prácticamente firmar una sentencia que puede poner en riesgo la vida de muchos comunicadores.

Hoy en día, dos mujeres, ambas periodistas con una sólida trayectoria, viven el exilio de las letras, debido al riesgo que corren sus vidas en México.

Lydia Cacho desde España da puntual seguimiento a sus verdugos, el empresario Kamel Nacif y el ex gobernador Mario Marín.

Sus investigaciones tocaron fibras de una política mexicana abiertamente vinculada a las redes de trata y explotación de menores.

Asimismo, otra mujer, desde algún lugar del extranjero, mantiene activas sus investigaciones para seguir develando los nexos de gobierno y narcotráfico. Se trata de Anabel Hernández quien en recientes días anota nuevamente un jonrón al publicar la investigación sobre toda la riqueza inmobiliaria de Luis Cárdenas Palomino, quien fuera mano derecha de Genaro García Luna.

El análisis que no puede soslayarse, es la inmovilidad del Gobierno de México, quien genera grandes vacíos y ausencias, permitiendo que los grupos delincuenciales como Caballeros Templarios, Los Viagras, La Familia Michoacana, el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación sigan guerreando a sus anchas, territorios para la comercialización de estupefacientes como el fentanilo que se ha convertido en el oro negro en el mercado mexicano del narcotráfico.

Hacer periodismo en México evidencia las relaciones de gobiernos y organizaciones delictivas.

Rubén Rocha Moya gobernador elector de Sinaloa y Félix Salgado Macedonio, padre de la gobernadora electa de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, representan el arribo de los nuevos mandos emanados del partido morenista del Presidente Andrés Manuel López Obrador a las cúpulas de los gobiernos negociadores y presuntamente vinculados con organizaciones delictivas.

Muchos periodistas en México desafían el riesgo para continuar haciendo un trabajo que hoy se ejerce entre la orfandad, la ignominia o bien desde el exilio de las letras.